Organización de agentes federales respalda la Ley CLARITY, pero pide endurecer las reglas para DeFi

La Asociación Federal de Oficiales de las Fuerzas del Orden (FLEOA) manifestó su apoyo a la Ley CLARITY, el proyecto que busca establecer un marco regulatorio para el mercado de activos digitales en Estados Unidos. Sin embargo, el respaldo llegó acompañado de una serie de propuestas para modificar las disposiciones relacionadas con las finanzas descentralizadas (DeFi), uno de los aspectos más debatidos del proyecto.

La organización, que representa a más de 34.000 agentes activos y retirados pertenecientes a más de 65 agencias federales, consideró que la iniciativa constituye un avance para equilibrar la innovación tecnológica con la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. No obstante, pidió al Senado introducir cinco cambios antes de su aprobación definitiva.

Entre las modificaciones propuestas figuran el establecimiento de criterios más claros para determinar quién es responsable dentro de un protocolo descentralizado, impedir que algunas empresas simulen estructuras descentralizadas para eludir obligaciones regulatorias, mantener la responsabilidad penal prevista en la legislación vigente y garantizar que la ley no limite las investigaciones de las autoridades ni el cumplimiento de órdenes judiciales.

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Uno de los puntos centrales del debate es el estándar de responsabilidad penal. El texto actual exige demostrar que una persona actuó con «intención específica» de facilitar actividades ilícitas, mientras que la FLEOA propone utilizar el criterio de «conocimiento», el cual únicamente requiere probar que el acusado sabía que la conducta ilegal estaba ocurriendo, lo que facilitaría la actuación de los fiscales.

La discusión se concentra especialmente en la Sección 604 del proyecto, que establece que los desarrolladores o proveedores de software que no controlen directamente los fondos de los usuarios no deberían ser considerados transmisores de dinero únicamente por crear o mantener aplicaciones basadas en blockchain. Los defensores de esta disposición sostienen que protege a quienes desarrollan infraestructura tecnológica sin custodiar activos, mientras que las organizaciones policiales advierten que algunos operadores podrían aprovechar esa definición para evitar responsabilidades legales.

El proyecto fue aprobado por el Comité Bancario del Senado con una votación de 15 a 9, pero todavía no existe una fecha oficial para su discusión en el pleno. Paralelamente, el sector bancario estadounidense también ha solicitado modificaciones relacionadas con las stablecoins, proponiendo limitar los incentivos o rendimientos que estos activos pueden ofrecer para evitar que compitan directamente con los depósitos bancarios tradicionales.

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Aunque el respaldo de una organización nacional de agentes federales representa un impulso político para la Ley CLARITY, las diferencias sobre la regulación de DeFi, la responsabilidad de los desarrolladores y el tratamiento de las stablecoins continúan siendo algunos de los principales obstáculos antes de su eventual aprobación definitiva.