Opositores denunciaron un «grave atropello institucional» en el Concejo de Merlo y pidieron una comisión investigadora

El oficialismo en el Concejo Deliberante de Villa de Merlo rechazó la creación de una comisión investigadora para revisar las licencias del intendente Juan Álvarez Pinto y el interinato de Leonardo Rodríguez. La oposición, con tres bloques unidos, lo leyó como una forma de cerrar el debate y evitar que se escarbe en las irregularidades que, según denuncian, quedaron al descubierto.

El proyecto, impulsado por los ediles Ana Laura Ferrarotti (Colectivo Comechingones), Daniel Orué (Socialismo Merlino) y Lucía Miranda (Frente Justicialista), no llegó a tratarse. La Presidencia del Cuerpo negó el uso de la palabra a los concejales opositores, y el bloque oficialista votó en contra de la iniciativa.

La semana pasada, la Fiscalía de Instrucción N°2 desestimó la denuncia de los concejales por el «vacío institucional» en Villa de Merlo. El Ministerio Público Fiscal consideró que los hechos no constituían delito y ordenó el archivo de la causa.

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Pero los concejales opositores no se dieron por satisfechos. «El archivo de la Fiscalía no es una absolución sobre el fondo de la cuestión, ni una declaración de constitucionalidad. La Fiscalía archivó la denuncia bajo el criterio de que es una 'cuestión política' y no un delito penal. Precisamente por eso estamos hoy acá: porque la justicia penal no resuelve las irregularidades institucionales, las resolvemos nosotros, el Poder Legislativo», afirmaron.

Los ediles opositores sostienen que los hechos que denunciaron son objetivos y verificables. Y los enumeran:

Los concejales también señalaron una contradicción en el oficialismo provincial. En otros municipios, como La Toma, el mismo espacio político cuestionó licencias similares y las calificó como violaciones a la Constitución y a la Ley de Régimen Municipal. «Usan una doble vara según la conveniencia política», afirmaron en el Concejo.

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La oposición propuso una Comisión Investigadora de 5 miembros, con mayoría opositora y veeduría de vecinos autoconvocados. El objetivo era revisar la legalidad, las actas y los quórums de todas las resoluciones involucradas. El oficialismo lo rechazó.

«El que nada debe, nada teme. Si están tan seguros de que actuaron a derecho, voten a favor y permítannos investigar», sentenciaron los concejales.