Multas truchas

Avivadas. El radar trucho instalado en La Merced se suma a una entrañable tradición fraudulenta.

Es decepcionante que el ingenio de algunos intendentes, tan agudo por lo general para pijotear en las urnas o pegar mangazos al Gobierno, persevere en prácticas de lo más trilladas para reforzar los alicaídos ingresos de la coparticipación, sin siquiera consultar precedentes no tan lejanos que las condenaron por ilícitas.

El caso del radar de velocidad instalado sobre la ruta 38 en La Merced, cabecera del departamento Paclín y punto de intenso tránsito, revive avivadas similares de otros municipios catamarqueños que generaron encendidas polémicas.

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Esta vez, el organismo nacional advirtió que el cinemómetro colocado en la travesía urbana de La Merced no figura entre los equipos autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. También cuestionó aspectos vinculados con su ubicación y la señalización preventiva.

Esto de convertir radares en ventanillas de recaudación es más viejo que el hilo negro.

Ya en 2009, Vialidad Nacional ya había advertido que la Municipalidad de Huillapima no estaba autorizada para colocar radares sobre la Ruta Nacional 38. El organismo señaló entonces que el equipo utilizado no estaba homologado y que tampoco existía un convenio con el municipio. Pese a ello, los radares continuaron funcionando y, según informó entonces este diario, habían generado alrededor de 4.000 multas, algunas de las cuales habían sido pagadas.

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Vialidad Nacional advirtió que el radar de velocidad que utiliza La Merced para cobrar multas no está autorizado. Vialidad Nacional advirtió que el radar de velocidad que utiliza La Merced para cobrar multas no está autorizado.

La controversia escaló. Vialidad Nacional llegó a instruir a su área jurídica para avanzar contra la instalación y sostuvo públicamente que los conductores no debían pagar las multas emitidas por el municipio sobre una ruta nacional.

En agosto de 2011, la Municipalidad de Recreo anunció la utilización de radares para controlar la velocidad sobre la Ruta Nacional 157, por razones de seguridad vial y antecedentes de accidentes en el sector. Vialidad Nacional cuestionó la legalidad del sistema y sostuvo que las multas carecían de validez.

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También señaló que los municipios de Recreo y Huillapima habían sido intimados y que los controles presentaban problemas de señalización y de sustento normativo.

La práctica es extendida, ni en eso son originales los jefes comunales catamarqueños. La Agencia Nacional de Seguridad Vial relevó más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales y detectó más de 150 radares que no contaban con autorización.

Que se controle la velocidad en una ruta donde los excesos pueden terminar en tragedias es, por supuesto, inobjetable. Pero los municipios carecen de competencia sobre las rutas nacionales y lucran con las escasas ganas que tienen las personas de meterse en litigios para controvertir sanciones jurídicamente discutibles.

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Si un municipio quiere controlar la velocidad en una ruta nacional, que haga el trámite correspondiente. Si pretende cobrar multas, que demuestre que tiene competencia para aplicarlas. Si instala un radar, que el equipo esté homologado. Si sanciona, que señalice.

No debería ser demasiado pedir, pero conviene no omitir un delicioso detalle: truchos los radares, truchas las multas establecidas en base a ellos y truchos, por lo tanto, los ingresos de las sanciones. Plata negra, exenta de controles, de arduo si no imposible rastreo.

¿Cuánto habrá embuchado la Municipalidad de La Merced por las multas apócrifas?