
Márquez y Castro se quedan en el Penal de Mujeres de Catamarca
El juez Lozano Gilyam le ordenó al gabinete de Seguridad garantizar la integridad de las internas y del personal de la institución penitenciaria.
El juez Lozano Gilyam le ordenó al gabinete de Seguridad garantizar la integridad de las internas y del personal de la institución penitenciaria.
Sin traslado. Márquez y Castro continuarán alojadas en el Penal de Mujeres.
El juez Miguel Ángel Lozano Gilyam rechazó de plano tanto el pedido del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y de la querella de trasladar a las acusadas María Gilda Márquez y María Eugenia Castro a La Rioja, como el planteo del fiscal de Cámara Augusto Barros de alojarlas en la Comisaría de la Mujer. Las imputadas continuarán detenidas en la Unidad Penal Nº 2 de Catamarca, mientras el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia deberá reforzar de manera inmediata las condiciones de seguridad.
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El magistrado consideró que el desarraigo que implicaría enviar a una persona procesada con prisión preventiva a otra provincia vulneraría su derecho de defensa en juicio, al dificultar el contacto directo con la defensa técnica, el acceso a los recursos judiciales de esta circunscripción y la inmediación que el tribunal debe mantener sobre la ejecución de la medida cautelar. También afectaría, según lo resuelto, el derecho de las internas a sostener vínculos familiares y sociales durante el proceso.
Además, el juez fue duro con el argumento operativo del SPP: sostuvo que la dificultad para manejar la conflictividad dentro del penal no constituye una justificación válida para desligarse de su deber de custodia enviando a las internas a otra jurisdicción. Remarcó que es el propio Estado provincial —a través del Servicio Penitenciario y la Secretaría de Seguridad— quien cuenta con las herramientas y los recursos humanos para reordenar la situación carcelaria y aplicar los protocolos que correspondan.
En cuanto al pedido del fiscal Barros, el juez lo rechazó al entender que las comisarías son centros de detención transitoria que no reúnen las condiciones mínimas para alojar a una persona en prisión preventiva prolongada. Trasladarlas allí, sostuvo, implicaría un agravamiento ilegítimo de sus condiciones de detención, en tanto esas dependencias carecen de infraestructura adecuada en materia de salud, recreación, alimentación y visitas.
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El juez Lozano Gilyam dispuso que Márquez y Castro continúen alojadas en la Unidad Penal Nº 2, bajo el régimen de prisión preventiva. Ordenó a la Dirección del Servicio Penitenciario y al secretario de Seguridad que, de manera conjunta e inmediata, arbitren todos los medios materiales, logísticos y de seguridad necesarios para garantizar la integridad psicofísica tanto de las internas como del personal penitenciario, y que informen con carácter de "muy urgente" las medidas concretas adoptadas.
Márquez, Castro y Monasterio son detenidos, acusados de atacar a Roxana Murúa en el Barrio 140 Viviendas, Valle Viejo. Un adolescente de 16 años también queda vinculado a la causa.
Noviembre de 2025
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El fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez da por finalizada la investigación y eleva la causa a juicio. Márquez y Castro se oponen.
El adolescente de 16 años, cuya presunta participación había derivado en la intervención del fuero Penal Juvenil, resulta sobreseído.
La defensa de las acusadas presenta un recurso de casación. En una audiencia de expresión de agravios, la defensa solicita el beneficio de prisión domiciliaria. La querella advierte que Márquez y Castro son "el terror del Penal de Mujeres".
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Motín en el pabellón de las acusadas: agresiones al personal penitenciario, amenazas y sedación de ambas internas. Se realizan seis denuncias penales cruzadas.
El SPP de La Rioja confirma cupo de alojamiento transitorio por tres meses para Márquez y Castro.
El SPP de Catamarca formaliza ante el juez el pedido de traslado a La Rioja, invocando "inadaptación al régimen".
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El fiscal de Cámara Augusto Barros pide que sean alojadas en la Comisaría de la Mujer. La querella se opone y pide, en cambio, el traslado a La Rioja.
El juez director Miguel Ángel Lozano Gilyam rechaza ambos pedidos —La Rioja y Comisaría de la Mujer— y ordena que continúen en la Unidad Penal Nº 2, con refuerzo inmediato de las medidas de seguridad.
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