Magistrados y Funcionarios Judiciales repudiaron las amenazas contra dos fiscales de Catamarca

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales expresó su respaldo a Martín Camps y Luis Eduardo Córdoba Andreatta, quienes habrían recibido amenazas e intimidaciones vinculadas con decisiones adoptadas en causas bajo su responsabilidad.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca manifestó su "profunda preocupación" y su "más enérgico repudio" por las amenazas e intimidaciones denunciadas por los fiscales de Instrucción Penal Martín Camps, de la Segunda Circunscripción Judicial, y Luis Eduardo Córdoba Andreatta, de la Primera Circunscripción Judicial, con motivo de decisiones adoptadas en el marco de causas que se encuentran bajo su responsabilidad.

A través de un comunicado difundido este miércoles, el Consejo Directivo calificó los hechos denunciados como "de especial gravedad" y advirtió que "cualquier forma de amenaza, presión o intimidación contra quienes ejercen funciones jurisdiccionales o de investigación penal afecta no sólo a los funcionarios involucrados, sino también al normal funcionamiento de la Justicia y a la independencia con la que deben desarrollarse sus tareas".

En ese sentido, la institución expresó su solidaridad y acompañamiento a los fiscales afectados y a sus respectivos equipos de trabajo. También remarcó la necesidad de que puedan desarrollar sus funciones "con plena libertad, seguridad y sin condicionamientos de ninguna naturaleza".

"Las decisiones adoptadas por magistrados y funcionarios del Ministerio Público podrán ser cuestionadas cuando corresponda, por las vías institucionales y procesales previstas por la ley, y nunca mediante amenazas, intimidaciones o cualquier otro mecanismo de presión", señaló el Consejo Directivo.

Finalmente, la Asociación destacó que la independencia judicial constituye un principio esencial del Estado de Derecho y sostuvo que su defensa implica garantizar que quienes tienen a su cargo investigar delitos, promover la acción penal y adoptar decisiones que corresponden, puedan hacerlo con absoluta libertad, responsabilidad y apego a las garantías constitucionales.