Los bancos de Wall Street se enfrentan entre sí mientras la lucha por el capital se acerca a su desenlace

Las entidades bancarias más influyentes de Wall Street combatieron coordinadamente durante años para flexibilizar las exigencias regulatorias, pero con la meta al alcance, dicha alianza corporativa se ha fracturado.

A medida que la Reserva Federal concluye una reforma integral de las normas de solvencia, JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) y Morgan Stanley (MS)mantienen una disputa abierta por un ajuste técnico que involucra miles de millones de dólares en capital regulatorio.

El núcleo del conflicto reside en el recargo de capital impuesto a los bancos estadounidenses de importancia sistémica global (GSIB). En marzo, el banco central propuso modificaciones para ajustar el recargo al riesgo real, revisando el tratamiento de la financiación mayorista a corto plazo —como los pactos de recompra (repos) y el papel comercial—, instrumentos que los reguladores consideran vulnerables a restricciones de liquidez en periodos de volatilidad.

Dicha propuesta sorprendió a las cúpulas de JPMorgan y Bank of America, los dos mayores prestamistas del país sustentados en depósitos minoristas, al beneficiar directamente a Morgan Stanley y Goldman Sachs, firmas con mayor dependencia de la financiación mayorista a corto plazo. Para ambas entidades, el resultado contradice el objetivo de la administración de Donald Trump de liberar capital para estimular el crédito hacia la economía real.

En términos operativos, el nivel de capital regulatorio determina el volumen de préstamos, la capacidad de intermediación en mercados y el flujo de caja destinado a recompras o dividendos para los accionistas.

Aunque el marco general reduce los requerimientos patrimoniales, JPMorgan estimó en una carta remitida a la Fed en junio que dejaría de percibir 13.000 millones de dólares en alivio de capital por este ajuste, mientras que Bank of America perdería 9.000 millones. Por el contrario, Goldman Sachs y Morgan Stanley obtendrían entre 1.000 y 2.000 millones de dólares adicionales cada una, conclusión respaldada por la organización Better Markets.

Esta divergencia desató un enfrentamiento interno entre los gigantes financieros, complicando los esfuerzos del banco central por cerrar la normativa antes de posibles cambios en la supervisión legislativa.

"Van a tener que elegir", advirtió el director de política bancaria de Better Markets, Christopher Appel, quien prestó funciones en el organismo emisor hasta marzo. El analista sostuvo que el recargo representa una salvaguarda indispensable y que la fórmula revisada mide con mayor precisión los riesgos de liquidez.

Portavoces de la Reserva Federal, JPMorgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley declinaron formular comentarios, mientras que un representante de Bank of America señaló que respaldan ajustes que impulsen la concesión de crédito y la creación de empleo.

Si bien la banca respalda la desregulación general, los directivos perciben una coyuntura estratégica para maximizar sus ventajas competitivas individuales.

Representantes de JPMorgan y Bank of America han intensificado sus gestiones ante la Fed para suprimir la modificación, argumentando que la fórmula propuesta limitará el crédito productivo y fomentará la operativa especulativa en derivados.

"Tal como está planteada, la Reserva Federal incentivará las actividades de negociación bursátil por encima de los préstamos a pequeñas empresas y familias"

Por su parte, Goldman Sachs y Morgan Stanley presionan para que el banco central finalice la norma sin alteraciones, defendiendo que el cambio refleja con mayor exactitud el perfil de riesgo de sus balances.

Registros públicos de la Fed confirman que delegados de JPMorgan y Morgan Stanley se reunieron al menos cuatro veces con funcionarios del regulador desde marzo para debatir el recargo GSIB.

Fuentes del sector señalaron que la vicepresidenta de Supervisión, Michelle Bowman, ha pedido acotar las observaciones externas con el propósito de aprobar el texto definitivo antes de fin de año.

El recargo GSIB fue diseñado tras la crisis financiera de 2007 a 2009, estructurado originalmente sobre cinco componentes de riesgo sistémico ponderados al 20% cada uno.

Durante años, la gran banca reclamó una flexibilización de la norma por considerarla excesivamente rígida, un esfuerzo que cobró tracción tras la revisión integral de capital iniciada en 2022.

El método vigente calcula la financiación mayorista a corto plazo como una proporción de los activos ponderados por riesgo, elevando su peso efectivo al 30% del total. Para corregir esta distorsión, la Fedpropuso medir la exposición en términos absolutos.

Dicha modificación beneficia a las entidades con ratios elevados: según datos de 2026, la financiación mayorista a corto plazo representa el 37% de los pasivos de Morgan Stanley y el 30% en Goldman Sachs, frente al 24% en Bank of America y el 21% en JPMorgan.

Morgan Stanley argumentó en sus alegaciones que este ajuste aumentará la liquidez en los bonos del Tesoro al reducir el capital inmovilizado para operar con deuda pública, mientras que Goldman Sachs concluyó que la medida aportará una valoración más transparente y económicamente fundamentada.

La disputa se originó por la revisión técnica al recargo de capital para entidades de importancia sistémica global (GSIB), la cual propone medir la financiación mayorista a corto plazo en términos absolutos. Por consiguiente, esta modificación beneficia directamente a las bancas de inversión frente a los prestamistas tradicionales respaldados en depósitos de clientes minoristas.

El ajuste regulatorio restaría 13.000 millones de dólares en alivio de capital a JPMorgan y 9.000 millones a Bank of America. En contraste, Goldman Sachs y Morgan Stanley obtendrían entre 1.000 y 2.000 millones de dólares adicionales en capital disponible debido a que su financiación mayorista representa el 30% y el 37% de sus pasivos totales, respectivamente.

JPMorgan y Bank of America afirman que la fórmula desincentiva el crédito hacia familias y empresas para favorecer la especulación bursátil, mientras que Goldman y Morgan Stanley defienden que aportará liquidez a los bonos del Tesoro. En consecuencia, la Reserva Federal busca acelerar el proceso de supervisión para aprobar el texto definitivo de solvencia antes de finalizar el año.