LLA acepta cambios en el Súper RIGI para destrabar el proyecto en el Senado

Debate en el Senado

La Libertad Avanza impulsará modificaciones al proyecto del Súper RIGI para conseguir un dictamen favorable y avanzar hacia su tratamiento en el Senado. Los principales cambios apuntan a proteger a proveedores nacionales y exigir generación energética propia a los grandes proyectos electrointensivos, como los megacentros de datos.

La Libertad Avanza (LLA) buscará este miércoles avanzar en el Senado con un dictamen sobre el proyecto del Súper RIGI, luego de aceptar modificaciones reclamadas por bloques aliados. Los cambios apuntan principalmente a fortalecer la participación de empresas nacionales y establecer condiciones para el abastecimiento energético de los grandes proyectos vinculados con la inteligencia artificial.

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La intención del oficialismo es llevar la iniciativa al recinto el próximo 10 de septiembre, en una sesión que también incluiría otros proyectos impulsados por los bloques aliados.

La jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, aceptó incorporar las modificaciones planteadas por sectores de la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales. Sin embargo, algunos de esos cambios generan resistencia dentro del propio Gobierno, especialmente el requisito de que las nuevas industrias de alto consumo energético cuenten con sistemas propios de generación eléctrica.

Con las modificaciones, el proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados deberá regresar a ese cuerpo legislativo para una nueva consideración.

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El debate comenzará desde las 13 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversiones y Legislación General, que presiden Agustín Monteverde, Martín Goerling Lara y Nadia Márquez, respectivamente.

Uno de los principales cambios negociados está relacionado con la contratación de proveedores locales.

El proyecto aprobado por Diputados establece que los planes de inversión deberán contemplar un compromiso de contratación de proveedores locales equivalente, como mínimo, al 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta nacional en condiciones de precio y calidad de mercado.

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Los bloques aliados buscan precisar que ese porcentaje se aplique exclusivamente a bienes efectivamente producidos en la Argentina.

Durante la última reunión, Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la UIA, respaldó ese planteo y sostuvo que la industria nacional compite en una economía abierta, aunque consideró necesario hacerlo bajo condiciones que permitan preservar la producción local.

La discusión plantea uno de los principales desafíos políticos del proyecto: determinar si los beneficios otorgados a las grandes inversiones estarán acompañados por mecanismos que permitan que parte de ese movimiento económico se traduzca en una mayor participación de empresas argentinas.

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El segundo punto de conflicto está relacionado con los proyectos electrointensivos, especialmente los grandes centros de datos que demandan enormes cantidades de energía para desarrollar servicios vinculados con la inteligencia artificial.

Los bloques provinciales pretenden que este tipo de inversiones incorpore sistemas propios de generación eléctrica, con el objetivo de evitar que el incremento de la demanda recaiga exclusivamente sobre las redes existentes y pueda afectar el abastecimiento de la población.

El planteo genera preocupación en el Gobierno, que considera que la incorporación de demasiadas condiciones podría reducir el atractivo del régimen para las grandes empresas tecnológicas que se busca captar.

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El debate también involucra directamente a las provincias, que deberán afrontar parte de las necesidades de infraestructura energética que demanden las nuevas inversiones.

El tema adquiere especial relevancia porque el Súper RIGI es una de las principales apuestas del Gobierno para atraer capitales destinados a grandes proyectos tecnológicos, inteligencia artificial y explotación de minerales críticos.