Las 500 empresas más grandes del país pagan 28% menos de impuestos que una década atrás

Los beneficios tributarios para ese grupo se profundizaron con la implementación del RIGI. En contraposición, en la era Milei ya desaparecieron más de 31 mil pymes.

Las empresas más grandes del país abonan en promedio un 28% menos de impuestos que una década atrás. Buena parte de esa disminución se explica tanto por la consolidación de beneficios fiscales, como por el perfeccionamiento de estructuras legales del tipo offshore que les permiten tributar en otros países con regímenes más laxos, que los convierten en paraísos fiscales.

El proceso se profundizó a partir del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la herramienta que impulsa el gobierno de Javier Milei para beneficiar a las compañías con proyectos de gran escala, que requieran inversiones superiores a U$S 200 millones, en sectores considerados estratégicos. Entre las ventajas se cuentan una reducción de Ganancias, libre disponibilidad de divisas, amortización acelerada, eximición de derechos al comercio exterior y estabilidad normativa por 30 años.

Esos estímulos contrastan con la situación de otras firmas que sufren la anemia del mercado interno y al mismo tiempo son sometidas a la apertura comercial indiscriminada. Ese fue uno de los motivos por los que en la era Milei desaparecieron 31.268 pymes, según el cálculo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP) calculó que las 500 empresas más grandes de la Argentina pagaron impuestos por unos 21.470 millones de dólares en el año 2024, el último que fue relevado por el Indec en el marco de su Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE). Como referencia, en 2012 el mismo universo había abonado por ese mismo concepto U$S 29.709 millones.

Se trata del grupo que «mueve la aguja» de la economía del país, ya que genera el 23,9% del Valor Bruto de Producción (VBP) y sostiene 813 mil empleos. Allí hay representantes de la minería, industria manufacturera, servicios públicos, construcción, comercio, transporte y comunicaciones.

Los números reavivan la discusión sobre la justicia del sistema tributario local, en tiempos en que el gobierno priorizó las medidas en beneficio de los sectores económicos más poderosos, a través del RIGI, y de los que más riquezas concentran, como las grandes cerealeras.

En el plano de los individuos, hubo generosas rebajas en Bienes Personales y facilidades a los evasores a través de las leyes de Inocencia Fiscal. En paralelo, el Fondo Monetario Internacional reclama quitas de subsidios a la población y una reforma previsional que descargará mayor presión sobre los aportes de los trabajadores.

«La estructura tributaria argentina se apoya fuertemente en impuestos indirectos —como el impuesto al valor agregado y los ingresos brutos—, mientras que los tributos sobre ingresos y patrimonio tienen un peso comparativamente menor. Esto plantea interrogantes sobre la equidad y la eficiencia del sistema», señala un reciente documento de la fundación Fundar. En otras palabras, un sistema regresivo.

Al interpretar los datos de la encuesta del Indec, el Ipypp se enfoca en una cuestión de fondo: quiénes aportan fondos para el funcionamiento del Estado y el sostén de la sociedad. Por eso destaca que la reducción de tributos a las grandes firmas implica «una creciente transferencia del esfuerzo fiscal hacia los trabajadores y otros perceptores de ingresos fijos".

El tema recobró actualidad con un estudio de la consultora EcoGo sobre el costo fiscal del RIGI. En él se establece que los 23 proyectos ya aprobados generan a valor presente un gasto tributario de U$S 8493 millones. El Estado deja de percibir esa suma pero a cambio se asegura pagos por U$S 17.499 millones. La pregunta del millón es: ¿se realizarían tales inversiones si no existieran esos beneficios a las empresas?

El estudio realizado por Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi despertó un amplio debate de un lado y otro de la grieta. Más allá de la relación costo-beneficio, ambos economistas postularon que el desafío es «ampliar el derrame sobre proveedores, empleo, infraestructura y actividad». También pidió mirar a las empresas que quedan fuera del RIGI y no gozan de esos beneficios: «¿Qué pasa con quienes tienen que atravesar esa transición compitiendo con las reglas generales en una economía más abierta y con costos en dólares escalando? Porque cuando finalmente se logren igualar las reglas, una parte de quienes debían beneficiarse de esa convergencia pueden haber quedado en el camino.

Fuente: Tiempo Argentino