La salud pública no es un botín político ni un instrumento de campaña

La salud de nuestra comunidad no puede transformarse en una herramienta de especulación política ni en un escenario donde se desconozcan normas básicas que existen justamente para proteger a las personas.

Desde mi lugar como Diputada Provincial, creo necesario expresar una profunda preocupación y un enérgico repudio ante las acciones impulsadas públicamente por el Diputado Provincial Javier Galán, vinculadas a la entrega e intermediación de medicamentos a través de "una casa del vecino", la cual no está habilitada para promover mecanismos que se encuentran por fuera de toda normativa sanitaria vigente.

La salud de nuestra comunidad no puede transformarse en una herramienta de especulación política ni en un escenario donde se desconozcan normas básicas que existen justamente para proteger a las personas.

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Tal como lo expresa el propio Colegio de Farmacéuticos de Catamarca en la carta documento emitida en las últimas horas, la distribución, conservación y entrega de medicamentos se encuentra estrictamente regulada por normas sanitarias que no son caprichosas, sino que existen para garantizar seguridad, trazabilidad y control profesional sobre aquello que consumen los pacientes.

No cualquier medicamento puede ser manipulado, almacenado o entregado sin supervisión profesional. No cualquier persona puede acercarse a un domicilio o espacio particular a solicitar medicación sin una prescripción médica que justifique su uso. Desconocer esto no solamente representa una falta de respeto hacia quienes ejercen profesionalmente en el sistema de salud, como farmacéuticos y médicos, sino que constituye además una enorme irresponsabilidad moral y sanitaria.

Nos preocupa profundamente que dirigentes políticos intenten instalar en la sociedad la idea de que cualquier mecanismo es válido cuando se trata de salud, desconociendo que detrás de cada medicamento existen controles, indicaciones específicas, posibles efectos adversos, incompatibilidades y riesgos concretos que pueden afectar seriamente la vida de las personas.

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En este mismo sentido, repudiamos las declaraciones del diputado provincial Tiago Puente, quien pretende desviar el eje de la discusión intentando instalar que cuestionar este tipo de prácticas responde a una defensa política o a intereses ajenos a la situación.

La realidad es mucho más simple y mucho más seria: aquí no se discuten nombres propios ni posicionamientos partidarios. Aquí se discute responsabilidad institucional, ética pública y cuidado de la salud colectiva.

Cuando se trata de medicamentos, no puede existir improvisación. No puede existir oportunismo político. Y mucho menos puede alentarse a la sociedad a naturalizar prácticas que vulneran normas sanitarias y ponen en riesgo a quienes más necesitan atención y acompañamiento.

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Hacer política también implica asumir responsabilidades. Y cuando una acción, por más bien intencionada que pretenda mostrarse, avanza por fuera de la ley y desconoce principios elementales del sistema de salud, corresponde decirlo con claridad.

La salud pública debe cuidarse con seriedad, con responsabilidad y con profundo respeto por cada profesional y por cada vecino y vecina de nuestra querida Provincia.