La Rioja extendió por 60 días el congelamiento de las tarifas de servicios públicos

La medida regirá hasta el 31 de octubre y mantendrá los valores vigentes al 30 de abril para la energía eléctrica, agua y saneamiento, transporte urbano y conectividad. También continuará el descuento extraordinario del 20% en las cuotas de viviendas sociales.

El Gobierno de La Rioja prorrogó por 60 días el congelamiento de las tarifas y precios de distintos servicios públicos, con el objetivo de sostener el acceso de las familias a prestaciones esenciales en el actual contexto económico.

La medida comenzó a regir este 1 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026. Durante ese período se mantendrán los cuadros tarifarios y precios vigentes al 30 de abril de este año para los servicios de energía eléctrica, agua y saneamiento, transporte urbano de pasajeros y conectividad.

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La prórroga fue dispuesta en el marco de las medidas establecidas originalmente mediante el Decreto N.º 617/26 y alcanza al transporte urbano prestado por la Administración Provincial de Transporte Social e Inclusivo y al servicio de conectividad brindado por La Rioja Telecomunicaciones SAPEM.

La disposición también mantiene la reducción extraordinaria del 20% en las cuotas de las viviendas sociales que abonan los adjudicatarios de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo.

Según lo informado por el Gobierno provincial, esos valores tampoco podrán incrementarse durante los 60 días de vigencia de la prórroga.

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La extensión de las medidas responde, de acuerdo con los fundamentos oficiales, a la persistencia de las condiciones económicas y sociales que motivaron su implementación inicial.

El decreto se enmarca además en la emergencia social, alimentaria, sanitaria, económico-financiera, laboral, productiva, hídrica, administrativa, habitacional, de seguridad y de servicios públicos prorrogada mediante la Ley Provincial N.º 10.843.

En este contexto, el Gobierno provincial señaló que busca evitar modificaciones abruptas en las condiciones vigentes y sostener la accesibilidad a servicios vinculados con las necesidades básicas de la población.

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La norma también instruye a los organismos y empresas prestatarias a adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y calidad de los servicios alcanzados.

A su vez, faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para sostener la medida y asegurar el normal funcionamiento de las entidades prestadoras.