La ratificación del DNU que designa a Eduardo Cobos en el Ersept generó tensión en la Legislatura

Resumen para apurados

La ratificación del decreto de necesidad y urgencia (DNU 3/1) que firmó el gobernador Osvaldo Jaldo para designar a Eduardo Coboscomo interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) abrió frentes contra el Poder Ejecutivo (PE). El pase de factura por un veto total y el reclamo por los entes intervenidos fueron las principales críticas. Pero a eso se sumó un condimento inesperado en el debate: un duro cruce con denuncias de amenazas entre los legisladores Ricardo Bussi (FR) y Tomás Cobos (PJ), hijo del interventor.

Con Miguel Acevedo a cargo del PE, el presidente subrogante Sergio Mansilla comandó el debate. Y como primer tema estuvo la designación de Cobos vía DNU, tras la renuncia de José Ricardo Ascárate, en un ente que está intervenido desde 2024. Por el oficialismo, la miembro informante, Carolina Vargas Aignasse, recomendó sin más la ratificación del instrumento. Mientras que el presidente del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez, destacó la idoneidad de Cobos para el cargo en el cierre del debate. La votación terminó con 36 avales, siete reveses y una abstención.

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Los primeros en pedir la palabra fueron Silvia Elías de Pérez, José Seleme y Hugo Ledesma. Aclararon que tenían muchas críticas para hacer, pero ninguna contra Cobos, a quien consideraron formado para el cargo.

La radical remarcó que la intervención es una excepción constitucional, y que el de ayer era el cuarto DNU que se abordaba en dos años por cuestiones del Ersept. Remarcó que el artículo 101 de la Constitución, en su inciso segundo, precisa que el PE no puede emitir disposición de carácter legislativo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable. "Ahora bien: cuidadito que algo que aprobemos acá le haga suponer al PE que invadimos sus funciones", chicaneó, en alusión al veto total que opuso Jaldo al proyecto sancionado por unanimidad en la sesión anterior para crear un sistema de monitoreo legislativo con el fin de verificar la eficacia y eficiencia de las normas sancionada.

Seleme, en tanto, coincidió con que no había motivos necesarios ni urgentes como para avanzar de ese modo. "Nuestro voto no es contra el ingeniero Cobos, es en contra de las intervenciones", lanzó y reclamó entes autárquicos, incluido el IPLA. Ledesma, por su parte, resaltó el rol de Cobos como defensor del Pueblo y criticó la gestión de Ascárate, en especial en lo referido al servicio de electricidad.

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José Cano consideró que el mecanismo que usó el gobernador degrada a la Legislatura institucionalmente e hizo uso de reserva de una insistencia para la próxima sesión. "De la misma manera que el PE argumentó que avanzamos sobre funciones que son propias del Ejecutivo", devolvió. Defendió también la gestión de Ascárate y dijo que todos los números lo respaldan.

El opositor Claudio Viña destacó que Cobos está capacitado para el cargo, y lanzó todas sus flechas contra Jaldo. "Le encantan los DNU, es una debilidad. Tampoco vamos a entrar a detallar que le encantan las intervenciones", chicaneó. Remarcó que la Ley 7.878 fija que un ente se puede intervenir ante circunstancias graves, algo que aquí no sucedió. Planteó que la designación fue "un premio" para Cobos tras salir de la Defensoría.

El camperista Manuel Courel repasó que todos los entes autárquicos están intervenidos, algunos desde los años 90: Subsidio de Salud, IPV, Ipacym, IPLA, Caja Popular de Ahorros y el Ersept. "Terminan siendo un apéndice del gobernador", criticó. En tanto que José Macome opinó que todo se transformó "en un círculo vicioso que lo único que hace es perjudicar al usuario".

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La nota del día fue la escalada de tensiones entre Bussi y Cobos hijo. El republicano reclamó la normalización de los entes, para que los titulares lleguen por concursos y no por decretos. Además, acusó al interventor de haber usado su paso por la Defensoría del Pueblo para fines electorales. Dijo que todos los elementos de allí fueron usados "para hacer campaña de su hijo, que hoy es legislador". También lo acusó de haber creado unos 150 cargos permanentes.

Tomás Cobos rechazó las acusaciones y tildó a Bussi de "dinosaurio político". Remarcó que las acusaciones contra su padre no son ciertas. Respecto a la oposición, dijo: "son los primeros que pasan luego por Presidencia (de la Legislatura) o por la Casa de Gobierno a pedir bolsos". Y sumó: "empiezan a hacer negociados políticos y siguen hablando de austeridad". "Las instituciones no se usan para hacer política, se equivocan", se defendió.

Bussi levantó el guante y dijo que eso es función del gobernador. Y sobre los bolsos, dijo que Cobos "merece por lo menos un chirlo" por decir eso del presidente de la Legislatura. "Hay que ser más respetuoso cuando hacen denuncias de este tipo", disparó.

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Tras la votación, lejos de aplacarse los ánimos, Cobos se levantó de su banca, cruzó el pasillo e invitó a Bussi a ir afuera. "¡Me está amenazando!", dijo el republicano. Otros legisladores se acercaron a calmarlo.

Antes de comenzar a desarrollar el orden del día, que constó de siete temas, el radical José Cano solicitó una moción de preferencia para que en la próxima sesión se trate, con o sin dictamen, la insistencia por el voto total para crear un sistema de monitoreo legislativo con el fin de verificar la eficacia y eficiencia de las normas sancionada. La moción fue aprobada, según dijo Sergio Mansilla en el recinto.