La Municipalidad de FME reconoció una crisis en su Caja de Previsión Social

Lo hizo ante un mandato de la Corte de Justicia, en el marco de un reclamo de jubilados municipales. Los empleados activos aportan el 2% de sus haberes para financiarla.

Conducción. La intendenta de FME, Alejandra Benavídez y el senador departamental, Guillermo Ferreyra.

Claves

La Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú aseguró que la Caja de Previsión Social, creada para pagar un complemento que permita a los jubilados municipales acceder al 82% móvil, atraviesa una "crisis financiera" que la mantiene atrasada en los pagos, producto de un "progresivo desfinanciamiento y la consiguiente extinción del ahorro financiero" que, según sostienen, es ajeno a las autoridades y que responde a un "desfasaje técnico-estructural". Así se conoció gracias a un fallo de la sala de Amparo y Amparo por Mora de la Corte de Justicia, ante una demanda que iniciaron jubilados de esa comuna. El fallo, además, no significó ningún beneficio para los demandantes.

El 6 de abril de este año, un grupo de 14 jubilados municipales de FME presentó un amparo contra la Municipalidad y contra la Caja de Previsión Social, exigiendo que se les pagara la segunda cuota del aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025; y de manera preventiva solicitaron que se les liquidara la primera cuota de 2026, correspondiente a junio. En este sentido, denunciaron que "los jubilados municipales están siendo privados arbitrariamente del cobro del Sueldo Anual Complementario" y que "a los trabajadores en actividad de la comuna se les efectúan descuentos en concepto de caja complementaria tanto sobre el salario mensual como sobre el propio sueldo anual complementario; y sin embargo, los pasivos municipales no perciben suma alguna por dicho concepto, a pesar de haber soportado idénticos descuentos durante su etapa activa".

El 19 de mayo se declaró la competencia de la Sala de Amparo de la Corte de Justicia y se corrió traslado a la Municipalidad del reclamo existente para que elaborase un informe explicativo. La respuesta, que llegó recién el 3 de agosto, fue ambigua: desde el Ejecutivo señalaron que la segunda cuota del aguinaldo 2025 se había pagado el 10 de junio (es decir, con seis meses de atraso), por lo que el reclamo se habría solucionado, y que el planteo por la primera cuota de 2026 era improcedente porque no había sido devengado al momento de la presentación del amparo.

Para justificar el atraso, la Municipalidad negó que hubiera "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta", sino que atribuyeron la situación a "una imposibilidad material de pago derivada de la crisis financiera que atraviesa la Caja Previsional".

El informe fue presentado por María Agustina Messeri, fiscal municipal designada por la intendenta Alejandra Benavídez (UP). En un análisis de la situación, según se desprende del fallo, la funcionaria explicó que "el progresivo desfinanciamiento y la consiguiente extinción del ahorro financiero no obedecen a una omisión caprichosa de las autoridades comunales, sino a un desfasaje técnico-estructural ajeno a su voluntad". "Mientras los haberes jubilatorios atados a la pauta del 82% móvil evolucionaron al ritmo de las remuneraciones del personal activo, los ingresos de la Caja (sostenidos por un aporte patronal/personal reducido al 2%) quedaron estructuralmente desfasados y restringidos", se informó.

En esa línea, explicaron que la Municipalidad emitió un decreto (DECFC-2025-185-MUNIFMESQ-INT) mediante el cual "otorgó un auxilio económico extraordinario a la Caja de Asignación Complementaria Previsional y del Crédito Social, con el propósito de salvaguardar la regularidad de las prestaciones, coadyuvar a su sustentabilidad institucional y asegurar el pago del 82% a la nómina de jubilados comunales".

El 22 de septiembre pasado, la Corte, con los votos de Jorge Bracamonte y Fabiana Gómez (esposa del actual senador y exintendente de FME, Guillermo Ferreyra), declaró abstracto el reclamo por "sustracción de la materia litigiosa", es decir, consideraron que el amparo había perdido materia respecto al planteo por el aguinaldo adeudado desde diciembre de 2025 puesto que se había pagado el 10 de junio, en sintonía con lo planteado por la Municipalidad.

Respecto del reclamo por el aguinaldo de junio de este año, la Corte declaró abstracto el reclamo ya que la presentación se hizo antes de que hubiera algún tipo de perjuicio. El ministro Miguel Figueroa Vicario votó en disidencia, al señalar que al momento de la respuesta de la Municipalidad, el 3 de agosto, la propia comuna reconocía no haber devengado los aguinaldos que debieron pagarse dos meses antes.

"A este sector de la sociedad, adultos mayores, no se los puede someter a la necesidad de promover una nueva acción judicial sólo porque a la fecha de presentación del amparo aún no estaba vencida la obligación de pago de la primera cuota del aguinaldo de 2026, cuando fundaron debidamente que existía un incumplimiento sistemático, que hacía previsible la falta de pago", advirtió el ministro, sin éxito.

En el fallo intervino la ministra Fabiana Gómez, esposa del senador y exintendente Ferreyra. Ni se inhibió ni fue recusada y votó a favor de declarar extinguido el reclamo.

La situación financiera de la Caja de Previsión y del Crédito Social de la Municipalidad había sido advertida por el concejal Adrián Acevedo (UCR) en el Concejo Deliberante de FME, con un pedido de informes presentado en junio del año pasado y otro en septiembre de este año, en los que señaló la preocupación de los empleados del municipio por un posible desfinanciamiento de la misma.

"Esta caja, creada en 2013 y modificada en 2015, estaba destinada para la Asignación Complementaria Previsional y del Crédito Social, para compensar la pérdida de una importante parte del sueldo que sufren los empleados al jubilarse. Por lo tanto tiene como fin el de resguardar los intereses de los jubilados municipales asegurándoles la movilidad de 82%", había explicado Acevedo, en la sesión de junio de 2025 cuando presentó por primera vez el planteo.

Según indicó, la Caja Municipal se nutre del aporte realizado por el personal municipal, recursos del Tesoro Municipal y del haber testigo de los jubilados o pensionados en calidad de afiliados a la Caja. Al momento de su creación el aporte era del 1,5% para activos y pasivos, más el 2,5% aportado por la patronal. Por decreto, en 2024 se elevaron los porcentajes de las alícuotas que componen la Caja Municipal, al dos por ciento (2%) del haber total bruto o del haber testigo del personal activo y pasivo involucrado, y al tres por ciento (3%) del Tesoro Municipal.

"Un cuadro presentado por la Secretaría de Hacienda, donde se reflejaba el desfinanciamiento por el que atravesaba la misma, fue por el cual se derivó al ajuste de los porcentajes de las alícuotas fijadas en la ordenanza de creación. Preocupa cuando se habla de desfinanciamiento, teniendo en cuenta que son aportes de los empleados activos y pasivos del municipio, por lo que se debe amparar toda acción que tienda a su defensa y a la buena administración de los mismos", expresó Acevedo por entonces.

El pasado 18 de septiembre, el edil ingresó un nuevo pedido de informes sobre la Caja de Previsión Social "para conocer aspectos vinculados a su funcionamiento y a la situación de quienes dependen de sus prestaciones".