La motosierra, con más capacidad de daño

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Ejecutivo Nacional envió al Congreso profundiza el ajuste en áreas especialmente sensibles del Estado, muchas de las cuales, tras los recortes de los últimos años, exhiben serias dificultades de funcionamiento, de operatividad y, en algunos casos, de mera subsistencia.

Hace algunos meses, el propio ministro Luis Caputo había reconocido que no quedaba margen para seguir reduciendo el gasto. Sin embargo, el articulado y las planillas anexas del proyecto van en sentido contrario: los recortes se acentúan en sectores donde el daño acumulado es evidente, mientras se incrementan las partidas destinadas a Defensa, a la SIDE y al pago de la deuda, revelando una escala de prioridades evidente.

Entre los aspectos más graves figura la propuesta de derogar la movilidad automática de las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo. Sin un mecanismo de actualización predeterminado, el valor de esas prestaciones quedaría librado a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo y, con ello, expuesto a la disminución del poder adquisitivo que produce la inflación.

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La motosierra alcanza también, con particular ensañamiento, al sistema científico, las universidades y el sector de la discapacidad. La motosierra alcanza también, con particular ensañamiento, al sistema científico, las universidades y el sector de la discapacidad.

La llamada motosierra alcanza también, con particular ensañamiento, al sistema científico. El proyecto fija para el sector un presupuesto equivalente a alrededor del 0,178% del PBI, una cifra muy alejada del 0,590% que la Ley de Financiamiento de la Ciencia establece para el próximo año y que representa, aproximadamente, la mitad del 0,30% que el país destinaba a esa función en 2023. Las universidades nacionales enfrentan un panorama semejante. Los montos previstos implican un 32% menos que lo que los rectores consideran indispensable para garantizar un funcionamiento adecuado.

En materia de discapacidad, el proyecto propicia que el nomenclador de prestaciones deje de establecer valores universales y que cada obra social fije sus propios aranceles. La medida, presentada como una flexibilización, encierra como riesgo cierto la fragmentación de las condiciones de atención, con prestadores que dejarán de recibir valores de referencia y pacientes cuya cobertura dependerá de la capacidad financiera y de la voluntad de cada financiador.

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Todo indica que el proyecto presentado por el PEN es, en suma, una profundización del ajuste, y no una corrección de rumbo que atienda las señales de agotamiento que el propio Gobierno había admitido. Por el deterioro social que produciría, es muy probable que no consiga la convalidación de los bloques opositores en el Congreso.

Pero ese escenario, lejos de inquietar a la Casa Rosada, parece resultarle casi indiferente. Ante el rechazo legislativo, el Gobierno cuenta con la alternativa de prorrogar el presupuesto vigente, también profundamente regresivo, y administrar las partidas a su antojo, mediante decretos y decisiones administrativas que amplían de manera considerable su discrecionalidad. Esa perspectiva agrega un problema de arbitrariedad inadmisible: el presupuesto es, ante todo, un instrumento de control republicano, el modo en que el Congreso define y limita las prioridades del gasto público. Vaciarlo de contenido, sea por la vía de un proyecto insensible a la realidad social, o por la de su reemplazo por una prórroga manejada sin control, debilita un principio elemental de la división de poderes.