La madre imputada seguirá detenida y su hijo, al cuidado de los abuelos paternos

Para la querella, la Secretaría de Familia sabía de la situación del niño, no tomó medidas a tiempo y la problemática se agravó.

El juez de Control de Garantías N° 3, Lucas Vaccaroni, confirmó la detención por el plazo de 10 días de una mujer imputada por "amenazas simples en calidad de autora", en perjuicio de su hijo de 3 años.

La medida había sido solicitada por el fiscal de instrucción N° 4, Ricardo Córdoba Andreatta y la audiencia de control de detención se llevó a cabo ayer con su participación, con la asesora de Menores, Sandra López Gardel, la imputada junto a su defensora particular y el progenitor del niño, que interviene en la causa como denunciante y querellante particular.

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Durante la audiencia, la defensa a cargo de Silvia Barrientos pidió la excarcelación o el beneficio de la prisión domiciliaria. También recusó al fiscal y pidió su apartamiento, aduciendo que no intervino en instancias judiciales anteriores. Al resolver la situación, el juez rechazó los pedidos y los planteos de Barrientos y consideró que, en caso de quedar en libertad, la sospechosa podría entorpecer la investigación, interfiriendo con la recepción de testimonios, o con otras maniobras.

En este contexto, confirmó su detención por 10 días. En este período se realizarán pericias clave, entre otras, entrevista en Cámara Gesell con el damnificado y sus hermanos. Para los investigadores, la progenitora amenazó a su hijo con varios mensajes de audio que fueron enviados a través de una aplicación de mensajería.

Fiscalía consideró que fueron expresiones intimidatorias que habrían generado un temor fundado en el padre del niño respecto de la integridad física del menor. Ante la situación de riesgo, el papá del menor de edad radicó la denuncia correspondiente y dio intervención a la Secretaría de Familia, que depende del Poder Ejecutivo Provincial.

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La abogada querellante Margarita Córdoba sostuvo que "hubo inacción de la Secretaría de Familia porque está el hecho de que el niño permaneció desde las 14 hasta las 3 de la mañana en una sede judicial de la Unidad de Violencia. Se presentaron a las 7.30 para tomar intervención y determinar qué medidas iban a tomar".

"La Secretaría, que pertenece al Poder Ejecutivo, tomó conocimiento de la situación del menor y, como organismo de aplicación, no intervino. Por eso, lamentablemente, (el conflicto) escaló y terminó con este resultado", remarcó.

Advirtió que, a pesar de la "inacción" de la Secretaría, tras una denuncia realizada por el papá del niño en el Juzgado de Familia, de inmediato la Justicia excluyó del hogar al actual novio de la progenitora (quien recientemente recuperó la libertad al no haber indicios de presunto abuso sexual en el niño), y dispuso medidas de prohibición de acercamiento de la progenitora hacia su hijo.

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La querellante informó, además, que el menor quedó a resguardo provisoriamente de sus abuelos paternos y que cuenta con asistencia y contención psicológica.

"No hubo demoras de la Justicia. No había un menor judicializado y Familia no era competente para tomar las primeras medidas", finalizó.