"La libertad de prensa no incluye el derecho a no ser criticado"

La reanudación de las deliberaciones de la 64ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) tuvo en el centro a su comisión medular: la de Libertad de Prensa e Información. En un panel integrado por Carlos Marino, Martín Etchevers, Ana Tronfi y Daniel Dessein (presidente de la comisión y encargado de exponer el texto, quien posteriormente fue seleccionado como titular de Adepa por un nuevo período), el cuerpo aprobó por unanimidad un informe exhaustivo sobre el estado del periodismo en el país.

El documento plantea una premisa contundente: la prensa no reclama infalibilidad ni busca eludir el escrutinio. "La libertad de prensa no incluye un derecho a no ser criticado", sintetiza el texto, reconociendo que los medios deben rendir cuentas y asumir sus responsabilidades legales. Sin embargo, marca una frontera infranqueable entre el debate democrático y la hostilidad sistemática promovida desde las estructuras del poder.

El informe abre con un llamado de alerta sobre la irrupción de la inteligencia artificial y el predominio de las plataformas globales. Adepa advirtió que la utilización indiscriminada de material periodístico protegido para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda, sin una justa retribución a sus creadores, constituye una "apropiación sistémica" que compromete la viabilidad económica de la prensa. La entidad reclamó reglas de juego digitales equilibradas para resguardar la propiedad intelectual y garantizar la supervivencia de redacciones sólidas e independientes, fundamentales para contrarrestar la desinformación.

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El capítulo más punzante analiza el deterioro del debate público. Lo que en apariencia podría interpretarse como exabruptos aislados, según el informe, ha mutado en una práctica continua de estigmatización encabezada por las máximas autoridades nacionales.

El documento detalla que, en apenas una semana de agosto, la cuenta oficial del Presidente acumuló 335 mensajes republicados contra la prensa, 26 publicaciones propias y 21 menciones despectivas en intervenciones públicas, señalando a 16 periodistas con nombre y apellido y a nueve empresas. Calificativos como "sicarios del micrófono", "ensobrados" o "simios", sumados a la amplificación de la consigna "no odiamos lo suficiente a los periodistas", configuran un clima de violencia discursiva inusitado.

A esto se sumaron dos hitos recientes: la sugerencia oficial de impulsar una ley para "castigar" publicaciones consideradas falsas -idea respaldada por el Ejecutivo que generaría un efecto inhibitorio letal sobre la investigación- y la arenga presidencial ante estudiantes secundarios de la Escuela ORT para que abuchearan a la prensa. Adepa subrayó la asimetría de poder existente y la contradicción de denunciar el adoctrinamiento escolar mientras se induce a adolescentes al repudio colectivo de una actividad esencial para la república.

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La entidad también puso la lupa sobre las trabas al ejercicio profesional cotidiano. Recordó las restricciones impuestas en abril para el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, extendidas luego a Diputados y al Ministerio de Economía. "El acceso físico a los lugares donde se produce la información no constituye un privilegio corporativo", remarcó el texto, alertando que reemplazar la presencia periodística por transmisiones oficiales o gacetillas empobrece el derecho social a saber. En el plano provincial, se cuestionó la resolución del Ministerio Público de San Juan que prohibió a sus funcionarios tomar contacto directo con la prensa y centralizó las consultas.

Como contrapartida, el informe destacó pronunciamientos judiciales clave entre mayo y septiembre: la revocación de la Cámara de San Isidro a las medidas cautelares que prohibían a periodistas nombrar a dirigentes de la AFA (Claudio Tapia y Pablo Toviggino); el sobreseimiento definitivo de Daniel Santoro en la causa D'Alessio protegiendo el secreto de las fuentes; el freno de la Cámara Civil y Comercial Federal a la desindexación de contenidos periodísticos; y la restitución provisoria de las redes sociales del periodista Alejandro Pueblas.

El cierre del documento integra ambos frentes: hostigar la palabra de quienes informan y expoliar económicamente sus contenidos conducen al mismo resultado: debilitar el insumo básico con el que la sociedad construye sus consensos democráticos.