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La Libertad Avanza pedirá el juicio político de la jueza que suspendió la aplicación de la ley penal juvenil
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La Libertad Avanza pedirá el juicio político de la jueza que suspendió la aplicación de la ley penal juvenil

EA
El Ancasti
martes, 08 de septiembre de 2026 · 11:40 p. m. hs · 1 min
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Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense, apuntó contra la magistrada y calificó su dictamen como "un fallo político".

Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense, apuntó contra la magistrada y calificó su dictamen como "un fallo político".

Archivo. Sebastián Pareja.

La Libertad Avanza (LLA) anticipó que promoverá un pedido de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, quien dispuso la suspensión provisoria por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. El espacio cuestionó el alcance de la cautelar y la vinculó con la situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires.

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El presidente de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, sostuvo que la decisión de la magistrada busca frenar la entrada en vigencia de una norma aprobada por el Congreso de la Nación. De elevarse el pedido de jury, deberá presentarlo ante la Secretaría de Enjuiciamiento, un organismo que tiene entre sus múltiples competencias recibir las denuncias que cualquier ciudadano o institución pueden realizar contra los magistrados, funcionarios del Ministerio Público.

"Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política", expresó Pareja. El dirigente libertario calificó el fallo como una resolución "profundamente antidemocrática" y remarcó que la ley atravesó el tratamiento legislativo antes de su entrada en vigencia.

Por su parte, el presidente del bloque de senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, cuestionó que la cautelar frene el nuevo régimen y aseguró que la Justicia provincial "sigue garantizando la impunidad de los delincuentes". El titular de la bancada libertaria en Diputados, Juan Osaba, definió la medida de la Jueza como un "fallo político" y afirmó que deja sin respuesta a las víctimas de delitos cometidos por menores de edad.

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