La Libertad Avanza busca frenar la sesión opositora del 9 de septiembre

La señal de alarma se encendió en el recinto de la Cámara Baja. Cuando el tablero electrónico reflejó un piso de 133 votos opositores decididos a imponer el tratamiento de la crisis por el endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad, la mesa de conducción de La Libertad Avanza (LLA) resolvió pasar a la ofensiva para evitar una derrota parlamentaria.

La estrategia oficialista consiste en convocar formalmente a las comisiones de Finanzas, Discapacidad y Salud, todas conducidas por diputados de su propio espacio, de cara a la próxima semana. El objetivo político es claro: restarle volumen y justificación a la sesión especial que la oposición impulsa para el 9 de septiembre, tentando a los legisladores que responden a los gobernadores a desmarcarse de la cita en el recinto. En los pasillos parlamentarios, la oposición leyó de inmediato la maniobra. Advierten que la apertura de estas comisiones no tiene intención de acelerar un dictamen, sino de montar debates meramente informativos para dilatar los tiempos y congelar los proyectos.

El escenario expone además reacomodamientos clave: bloques provinciales, como los representantes de Misiones y Salta, comenzaron a desmarcarse del acompañamiento automático a la Casa Rosada en temas de sensibilidad social, sumándose al reclamo junto a bancadas dialoguistas y al peronismo. El apuro de los bloques no oficialistas no responde solo a una disputa de poder, sino a la urgencia de los números: el rojo financiero de los hogares ya no solo afecta a los sectores más vulnerables por el uso de billeteras virtuales y créditos rápidos, sino que comenzó a carcomer la capacidad de pago de la clase media en tarjetas de crédito bancarias y compras en cuotas. Esa masa crítica de votantes endeudados es la que empuja a los gobernadores a exigir respuestas legislativas concretas antes de que el costo social se vuelva irreversible.

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Actualmente conviven en la Cámara de Diputados cerca de 48 iniciativas destinadas a aliviar la morosidad crediticia que hoy golpea a unas 6,5 millones de personas, a lo que se suma la prórroga por un año de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Frente a la convocatoria a comisiones, los impulsores de la sesión especial ratificaron que mantendrán la fecha del 9 de septiembre. Aseguran que la única vía efectiva para obligar al oficialismo a dictaminar y llevar las soluciones al recinto es fijar un emplazamiento formal con número en mano.