
La Justicia rechazó detener a Martín Insaurralde y Jesica Cirio, pero les prohibió salir del país
El juez descartó, por ahora, ordenar las detenciones solicitadas por la fiscalía, aunque impuso restricciones de circulación mientras avanza la investigación.
El juez descartó, por ahora, ordenar las detenciones solicitadas por la fiscalía, aunque impuso restricciones de circulación mientras avanza la investigación.
La Justicia rechazó los pedidos de detención contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio en el marco de la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora por presunto enriquecimiento ilícito, pero dispuso la prohibición de salida del país para ambos. La medida también alcanza a Luciano Insaurralde y Rodrigo Agustín Martín Insaurralde, hijos del exintendente de Lomas de Zamora; así también como a Gastón Barrachina, sobrino de Insaurralde; a Víctor Mario Donadío, su excuñado; y a la modelo Sofía Clerici.
La resolución, además, les impone la obligación de no ausentarse a más de 50 kilómetros del domicilio denunciado sin autorización judicial previa. También deberán comunicar al tribunal, con suficiente antelación, cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera de ese domicilio durante más de 24 horas.
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Entre esas medidas señaladas en la resolución, el tribunal ordenó la "prohibición de salida del país, comunicando ello a la Dirección Nacional de Migraciones", y estableció la obligación de permanecer dentro de un radio de 50 kilómetros del domicilio denunciado, salvo autorización judicial.
La resolución fue dictada después de que el fiscal Sergio Mola solicitara la detención de Insaurralde y Cirio. Sin embargo, el juez Luis Armella rechazó ese pedido al considerar "prematuro" citar a indagatoria al ex jefe de Gabinete bonaerense.
Según se informó, el planteo del fiscal estaba vinculado con la sospecha de que el exintendente podría ocultar pruebas y con la necesidad de evaluar un eventual riesgo de fuga. No obstante, el magistrado rechazó los pedidos de detención.
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En paralelo, la fiscalía también solicitó una inspección ocular de la vivienda donde se habrían registrado los videos incorporados a la investigación. Asimismo, pidió el peritaje de los teléfonos celulares de Insaurralde y de Cirio.
La causa se inició tras el viaje de lujo que Insaurralde realizó en 2023 a Marbella junto a la modelo Sofía Clerici. En las últimas semanas, la investigación volvió a cobrar impulso luego de la difusión de videos en los que aparece Cirio contando dólares en el vestidor de la propiedad que compartían en San Vicente.
En octubre de 2024, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco solicitaron la indagatoria de Insaurralde por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ese pedido también fue extendido a un grupo de familiares a quienes la investigación señala como posibles testaferros.
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Uno de los principales ejes del expediente es la empresa Sasaxa Libero S.A., identificada en la investigación como la firma propietaria de la casa de Insaurralde en San Vicente.
En ese contexto, el contador de la empresa declaró como testigo y afirmó que firmaba los estados contables de la sociedad creada por Insaurralde junto a un familiar, aunque aseguró que realizaba esa tarea en bares. También sostuvo que sus claves de AFIP fueron utilizadas para presentar declaraciones juradas de la empresa sin que él interviniera en esa gestión.
Durante su testimonio, el contador agregó que nunca conoció personalmente a Insaurralde y que la vivienda de San Vicente nunca figuró en los estados contables que llevaba su firma.
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En las últimas semanas, la Justicia también ordenó allanamientos en dos domicilios vinculados a Cirio y a su expareja Elías Piccirillo. Las medidas fueron dispuestas después de que trascendieran los videos en los que se observan fajos de dólares dentro de bolsas plásticas transparentes.
Además, el fiscal Mola pidió un peritaje técnico sobre esos registros audiovisuales con el objetivo de determinar el monto de dinero que aparece en las imágenes.
Tras los allanamientos, Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia. El dispositivo fue analizado por peritos informáticos para intentar extraer los metadatos de los archivos originales y establecer la fecha exacta de grabación de los videos y su procedencia.
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