La Justicia prohibió la salida del país a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, pero rechazó sus detenciones

Resumen para apurados

En un nuevo avance de la investigación por presunta corrupción que rodea al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y a su expareja, la conductora Jesica Cirio, la Justicia dictó medidas cautelares para asegurar su comparecencia.

Si bien el juez federal Luis Armella prohibió la salida del país de ambos, decidió no hacer lugar al pedido de detención inmediata solicitado por el fiscal Sergio Mola, al considerar que no existen riesgos procesales suficientes que justifiquen la privación de la libertad en esta instancia.

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Además de la interdicción de salida del territorio nacional -con la correspondiente notificación a la Dirección Nacional de Migraciones-, el magistrado impuso una restricción de circulación estricta. Tanto Insaurralde como Cirio, junto a la modelo Sofía Clericiy otros involucrados, tienen prohibido alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios declarados sin autorización previa.

Además, los imputados tienen la obligación de comunicar al tribunal cualquier desplazamiento que implique una ausencia superior a las 24 horas y deben mantener sus domicilios actualizados bajo promesa de no obstaculizar la investigación.

Según el fallo, estas medidas son "idóneas y proporcionales" para garantizar que el proceso avance sin necesidad de recurrir a la prisión preventiva, una medida que el juez calificó como de "última ratio".

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El magistrado fundamentó su negativa a detener a los imputados al señalar "graves defectos" en el planteo de la fiscalía. Uno de los puntos centrales fue el video que muestra fajos de dólares en un vestidor (atribuido a la casa de Insaurralde), pieza clave del pedido de Mola.

El juez advirtió que dicho material aún no ha sido peritado por la Datip para descartar alteraciones mediante inteligencia artificial, ni se ha comprobado fehacientemente que las imágenes correspondan a una propiedad de los investigados.

Por otro lado, Armella destacó la "conducta procesal colaborativa" de los acusados, quienes han cumplido con todos los requerimientos judiciales desde octubre de 2023. En el caso específico de Jesica Cirio, el juez fue especialmente crítico con la fiscalía, al señalar que en tres años de investigación no se ha formalizado una acusación concreta ni se ha solicitado su indagatoria, lo que debilita el argumento de un riesgo inminente de fuga o entorpecimiento.

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La causa, que investiga maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito entre 2009 y 2023, se originó tras la difusión de las fotos de Insaurralde y Sofía Clerici en un yate en el Mediterráneo.

Sin embargo, el expediente sumó tensión recientemente con la aparición de videos que muestran una suma cercana a los diez millones de dólares ocultos en un inmueble de San Vicente.

Para esclarecer el origen de estos fondos, la Justicia ordenó una inspección ocular en la finca del barrio cerrado "Fincas de San Vicente" y citó a declarar a ex empleados domésticos y al contador de la firma titular de la propiedad.

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La investigación también sigue de cerca el entorno de Cirio, particularmente al financista Elías Piccirillo -su pareja posterior a Insaurralde-, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por otra causa de fraude y falsas denuncias vinculadas al narcotráfico.