La Justicia pide al Gobierno rendir cuentas por los fondos del fideicomiso vial

El Juez federal Ariel Lijo requirió al Gobierno que brinde información sobre fondos destinados a obras viales y mantenimiento de rutas nacionales que, según una denuncia, habrían sido desviados para colocarlos en instrumentos financieros.

Fuentes judiciales confirmaron que el juez Lijo pidió información al Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo y al jefe de Gabinete, Diego Santilli. También libró informes a la Dirección Nacional de Vialidad.

Se trata de denuncias que realizaron la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el gobernador Ricardo Quintela en representación de la provincia de La Rioja en la causa que investiga el destino de más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SISVIAL).

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Tolosa Paz y la provincia fueron aceptados como querellantes, por lo que podrán impulsar el caso y por ende pedir medidas de pruebas.

Según la denuncia de la provincia de La Rioja, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017.908.957 del SISVIAL colocados en plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional.

La denuncia señala además que durante los primeros dos años y medio de la actual gestión del gobierno de Javier Milei se asignaron al sistema aproximadamente $1,5 billones, pero sólo $394.406 millones fueron efectivamente aplicados a obras y mantenimiento vial.

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La diferencia representa una subejecución estimada del 73,8%, consigna la denuncia.

La denuncia penal de Tolosa Paz acusa formalmente al ministro de Economía Caputo, y a funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco Nación, por la presunta malversación de caudales públicos agravada y el desvío ilegítimo de más de 1,5 billones de pesos recaudados mediante el impuesto a los combustibles.

El dinero recaudado por ley tiene una afectación específica para el Sistema Vial Integrado (Sisvial), destinado exclusivamente al mantenimiento, desarrollo y reparación de las rutas nacionales.

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La denuncia de la diputada sostiene que, en lugar de girar los fondos a las obras viales, el Ministerio de Economía utilizó los recursos para colocarlos en instrumentos financieros, tales como plazos fijos, bonos, títulos públicos y acciones.

El juez Lijo pidió además a la Sindicatura de la Nación y a la Auditoría General de la Nación que explique si se realizaron informes de auditoría, observaciones o actuaciones relativas al fideicomiso decreto 976/01 y a la cuenta especial SISVIAL desde el año 2024 a la fecha.

Las medidas ordenadas por el magistrado apuntan a reunir toda la información vinculada a expedientes, partidas presupuestarias, colocaciones financieras con fondos de Sisvial, para avanzar en la denuncia.

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La Rioja sostiene que la falta de ejecución de esos fondos produjo un perjuicio sobre su territorio, donde el Estado provincial debió afrontar con recursos propios tareas que corresponden a la jurisdicción nacional.

Por otra parte, Tolosa Paz consiguió que un juez de La Plata habilitara el trámite de un amparo colectivo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Buenos Aires, financiados con fondos del fideicomiso creado por el decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.

El fallo firmado por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes urgentes a tres organismos del Estado.

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