La Justicia hizo lugar parcialmente al planteo de Galán y el desafuero avanzará por peculado

La Cámara de Apelaciones hizo lugar parcialmente al planteo formulado por la defensa del diputado Javier Galán y modificó el alcance del pedido de desafuero que había sido solicitado en el marco de la causa penal que lo tiene como imputado.

De acuerdo con la resolución, quedó acreditada la existencia del delito de peculado de trabajos o servicios, por lo que el pedido de desafuero continuará vinculado a esa imputación. En cambio, la decisión dejó sin efecto el pedido relacionado con los otros delitos que habían sido considerados en la instancia anterior.

De esta manera, el proceso por el desafuero no quedó cerrado, sino que avanzará únicamente respecto de la imputación por peculado. El paso siguiente, en condiciones normales, sería que el juez interviniente remita el pedido a la Legislatura provincial para que el cuerpo parlamentario analice si corresponde avanzar con el levantamiento de los fueros.

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Sin embargo, ese trámite no podrá concretarse por el momento. Durante la audiencia de apelación realizada la semana pasada, el abogado defensor de Galán había anticipado que, cualquiera fuera el resultado que adoptara la Cámara, recurriría la resolución mediante un recurso de casación.

Ese anuncio tiene incidencia directa en la continuidad del trámite, ya que la decisión de la Cámara todavía puede ser revisada por la instancia superior. Por ese motivo, el juez no se encuentra actualmente en condiciones de remitir el pedido de desafuero a la Legislatura.

La defensa, de esta manera, mantiene abierta la vía de impugnación contra la resolución que confirmó parcialmente la existencia de los elementos vinculados con el delito de peculado. La estrategia anunciada por el abogado de Galán apunta ahora a llevar la discusión ante el tribunal de casación.

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Mientras tanto, la situación del diputado queda delimitada por la resolución de la Cámara: el pedido de desafuero sigue vigente, pero exclusivamente por la imputación de peculado de trabajos o servicios, y su eventual tratamiento legislativo deberá esperar a que se resuelva el recurso anunciado por la defensa.