La Justicia habilitó el cierre del programa Volver al Trabajo y casi un millón de beneficiarios dejará de cobrar en agosto

Fallo de la Cámara Federal de San Martín

La Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar que sostenía los pagos del programa y dejó libre al Ministerio de Capital Humano para cerrarlo definitivamente desde agosto

La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener en vigencia el programa Volver al Trabajo, su sucesor del ex Potenciar Trabajo. La decisión, firmada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, habilita el cierre definitivo del esquema de asistencia social a partir de agosto y deja sin la prestación mensual a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.

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La cautelar que ahora se revocó había sido dictada por un juzgado federal de Campana y obligaba al Estado a sostener los pagos hasta que existiera una política pública alternativa real y comprobable. El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, apeló esa resolución de primera instancia y la Cámara le dio la razón al Gobierno. Entre los argumentos del tribunal, según informó Infobae, figuran la presunción de legitimidad de los actos estatales, la facultad del Poder Ejecutivo para discontinuar programas sociales y la inexistencia de un derecho adquirido a la continuidad por parte de los beneficiarios.

Los camaristas también argumentaron que mantener la transferencia equivalía a "adelantar el veredicto final" del juicio en favor de los demandantes, y que la continuidad forzada de los pagos afectaría recursos públicos e interferiría en el diseño de políticas oficiales. El Gobierno, por su parte, presentó como justificación la existencia de un esquema alternativo: un sistema de vouchers de capacitación laboral que redireccionaría los fondos hacia empresas, centros formativos provinciales y organizaciones responsables de talleres profesionales, en lugar de transferencias monetarias directas.

La prestación que perderán los beneficiarios es de apenas $78.000 mensuales, monto que quedó congelado desde diciembre de 2023, cuando el Gobierno desacopló los pagos del salario mínimo vital y móvil. Según consignó Tiempo Argentino, de haberse mantenido la actualización prevista por la normativa original, ese ingreso debería ser hoy de $186.200, lo que implica una pérdida del 58% respecto de lo que indicaba la norma y del 76% frente a la evolución de la canasta básica alimentaria.

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La UTEP (Unión Trabajadores de la Economía Popular) reaccionó con dureza al fallo y aseguró que "el hambre no espera", adelantando que seguirá peleando por la continuidad del salario social complementario tanto en la Justicia como en la calle. Johana Duarte, secretaria gremial del gremio, advirtió que la medida profundizará la crisis social en los territorios y que el dinero que se les quitará a los trabajadores dejará de circular en las economías locales, golpeando a almacenes de barrio, verdulerías y kioscos.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, señaló a Tiempo Argentino que el Gobierno "reafirma el desprecio que siente por los trabajadores sociales de los comedores populares" y confirmó que la respuesta del movimiento piquetero incluirá asambleas y cortes de ruta. Duarte, por su parte, apuntó contra los gobernadores que acompañan al oficialismo nacional, advirtiendo que la crisis terminará "estallándoles en las narices" dado el impacto que tendrá en las economías regionales.

En paralelo al cierre de Volver al Trabajo, el Ministerio de Capital Humano también formalizó mediante la Resolución 90/2026 el plazo de vigencia del Programa de Acompañamiento Social (PAS), el otro esquema que absorbió a una parte de los ex beneficiarios del Potenciar Trabajo. Según publicó BAE Negocios, ese programa tendrá una duración de 48 meses desde la entrada en vigor de sus lineamientos en 2024, lo que extiende su funcionamiento hasta 2028, salvo modificación normativa previa.