La fiscalía investiga si el Gobierno encubrió la fuga de Flávio Bolsonaro

La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó medidas preliminares en el marco de una denuncia por encubrimiento contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo, por el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina antes de su viaje a Estados Unidos. La investigación procura establecer si se cometieron irregularidades durante el ingreso y la salida del país del excandidato presidencial brasileño.

Ochoa requirió informes a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir cómo Bolsonaro atravesó el territorio argentino durante la noche del martes 27 de octubre. Uno de los puntos centrales es determinar si se violó la legislación migratoria por una eventual omisión de informar antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales que pudieran afectar las condiciones de ingreso al país.

La presentación se produjo luego de que el dirigente brasileño cruzara la frontera desde Brasil hacia Puerto Iguazú, en Misiones, y abordara un avión privado con destino a Estados Unidos, pese a que la Justicia de su país le había prohibido salir del territorio nacional.

La causa en la que interviene Ochoa quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y se originó en una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano. En paralelo, existe otra presentación del diputado nacional Esteban Paulón, inicialmente asignada al juzgado de Daniel Rafecas.

De esta manera, son al menos tres las denuncias judiciales vinculadas con el paso de Bolsonaro por el país. La tercera se tramita en los tribunales federales de Puerto Iguazú.

En esa jurisdicción, el fiscal federal Fabián Martínez pidió informes a organismos oficiales para determinar cómo ingresó Bolsonaro a la Argentina y si existía algún impedimento legal que le prohibiera cruzar la frontera. La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien cuestionó los controles migratorios y reclamó que se esclarecieran las circunstancias del tránsito del senador brasileño y su familia.

Entre las medidas requeridas figuran:

La preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú.

Información sobre los planes de vuelo y los registros de pasajeros.

El contrato del servicio de transporte aéreo utilizado.

El objetivo es establecer si existieron delitos vinculados con el tránsito de personas o eventuales incumplimientos de los deberes de los funcionarios que intervinieron en los controles. Los investigadores también buscan determinar si las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro en Brasil tenían algún efecto sobre su posibilidad de ingresar a la Argentina.

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