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La causa ANDIS salpica a Fernando Cerimedo por presuntos cobros de hasta 800.000 dólares mensuales
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La causa ANDIS salpica a Fernando Cerimedo por presuntos cobros de hasta 800.000 dólares mensuales

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Redacción
domingo, 23 de agosto de 2026 · 09:45 p. m. hs · 1 min
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Investigaciones e informes difundidos en las últimas horas vinculan al estratega digital con financiamientos millonarios desde la Argentina

POLÍTICA Y JUSTICIA

Investigaciones e informes difundidos en las últimas horas vinculan al estratega digital con financiamientos millonarios desde la Argentina

El expediente judicial que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó una nueva derivación tras la difusión de testimonios que involucran directamente al consultor digital Fernando Cerimedo. Las informaciones que circulan en el ámbito judicial e informativo señalan que el especialista en redes habría percibido cifras cercanas a los 800.000 dólares mensuales por servicios vinculados a operaciones de comunicación e influencia digital desde la Argentina.

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El foco de la controversia recae sobre el origen de los recursos y las eventuales contrataciones asociadas a la estructura de difusión que acompañó el armado político de La Libertad Avanza y el portal La Derecha Diario. Frente a los recientes trascendidos, diversos analistas y sectores con representación en la causa reclamaron al fiscal y al juez intervinientes en el expediente ANDIS que convoquen a declarar a la testigo de las revelaciones con el fin de transparentar la ruta del dinero y verificar quiénes financiaban las sumas denunciadas.

El caso reavivó las sospechas sobre los mecanismos de financiamiento del entramado digital del oficialismo y los vínculos de la consultora de Cerimedo, el Grupo Numen, con el uso de fondos públicos o partidas de dependencias estatales. Mientras los querellantes exigen medidas de prueba urgentes para determinar si existió desvío de caudales o contrataciones irregulares, la investigación en los tribunales federales busca establecer la veracidad de los giros y delimitar la responsabilidad de los funcionarios y actores privados involucrados.

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Leer la nota original en El Esquiú
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