La Cámara Nacional Electoral anuló el DNU que transfería la naturalización a Migraciones

FALLO CON IMPACTO INSTITUCIONAL

El Tribunal dictaminó que el decreto presidencial violó la Constitución Nacional al regular cuestiones que inciden de forma directa en el fuero electoral.

En una resolución de fuerte trascendencia institucional y jurídica, la Cámara Nacional Electoral (CNE) declaró la nulidad absoluta de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Poder Ejecutivo Nacional que pretendía quitarle a los tribunales la potestad de otorgar la ciudadanía argentina para delegarla en la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El fallo determinó de forma taxativa que el Presidente de la Nación incurrió en un exceso en sus atribuciones constitucionales al avanzar sobre competencias de diseño legislativo que corresponden de manera única y excluyente al Congreso.

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La decisión de la máxima autoridad de control electoral del país se estructuró sobre fundamentos de fondo que invalidan por completo la legalidad de la medida administrativa diseñada por el oficialismo. La fundamentación técnica y los alcances fijados por la Cámara para unificar el criterio en todas las jurisdicciones federales del país comprenden los siguientes lineamientos:

El tribunal desarmó la validez del DNU al encuadrar la transferencia de funciones como una flagrante invasión en materia electoral y de partidos políticos. Los jueces del cuerpo recordaron que el acto de otorgamiento de la ciudadanía argentina se encuentra indisolublemente ligado a la adquisición posterior de los derechos políticos individuales de los extranjeros, tales como el derecho al sufragio en los comicios generales. Por tal motivo, la normativa dictada por la Casa Rosada choca de frente contra el texto del artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional, cláusula que prohíbe de forma expresa y bajo pena de nulidad absoluta e insanable la emisión de decretos presidenciales de necesidad y urgencia que legislen u operen sobre materia electoral, penal, tributaria o del régimen de partidos políticos.

Asimismo, el veredicto de la Cámara echó por tierra la existencia de una falta de urgencia real o excepcionalidad que pudiese justificar la elusión de los debates parlamentarios ordinarios. Los magistrados puntualizaron que el Gobierno nacional no logró acreditar en ningún tramo de las actuaciones un escenario de rigurosa y extrema necesidad que impidiera el normal tratamiento de una reforma de esta envergadura mediante los canales republicanos tradicionales establecidos en el Congreso de la Nación.

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En sus considerandos centrales, el tribunal recordó que los juzgados tienen el deber ineludible de actuar como custodios y resguardar el principio de jerarquía normativa, haciendo prevalecer las leyes vigentes del Estado por sobre cualquier decreto que pretenda modificarlas o suprimirlas por fuera de los requisitos de validez que impone la Carta Magna.

Como consecuencia inmediata del dictado de la invalidez de la norma presidencial, la Cámara Nacional Electoral ordenó revocar una sentencia previa de primera instancia que le había denegado la obtención del beneficio de la naturalización a un solicitante extranjero basándose precisamente en la aplicación del polémico decreto. En paralelo, se cursó una notificación formal al Ministerio de Seguridad de la Nación para que ordene a la Dirección Nacional de Migraciones el cese de las tramitaciones de ciudadanía y se remitió el fallo a todos los jueces federales con competencia electoral de la República para que, a partir de este momento, reasuman de forma exclusiva el control judicial de los expedientes de ciudadanía.