
Investigan transferencias de la FIFA a Chiqui Tapia por presunto enriquecimiento ilícito
Se pidieron pruebas para determinar el origen de fondos recibidos por el presidente de la AFA. También solicitó información sobre un depósito de US$620.000.
Se pidieron pruebas para determinar el origen de fondos recibidos por el presidente de la AFA. También solicitó información sobre un depósito de US$620.000.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó nuevas medidas de prueba. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó información sobre transferencias de la FIFA, depósitos del Sindicato de Choferes de Camiones y otros movimientos bancarios del dirigente, con el objetivo de determinar el origen de los fondos y contrastarlos con sus declaraciones juradas.
Entre los requerimientos, el fiscal pidió que la FIFA detalle tres transferencias realizadas a favor de Tapia por un total de aproximadamente US$189.577. Los giros se efectuaron entre diciembre de 2018 y marzo de 2020, y la Fiscalía busca conocer el concepto de los pagos, los cargos o comisiones que los habrían originado y las cuentas de destino.
Para avanzar con esa medida, Pollicita solicitó que se tramite un exhorto internacional a Suiza, donde tiene su sede la FIFA. También requirió un informe completo sobre los honorarios, dietas, viáticos y otras sumas que el organismo le hubiera abonado a Tapia desde 2016.
Según la documentación bancaria incorporada al expediente, los registros identifican transferencias provenientes del exterior, pero el fiscal advirtió que en las declaraciones juradas analizadas no figurarían ingresos provenientes de la FIFA.
Otro de los ejes de la investigación son 37 acreditaciones realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta sueldo de Tapia, entre enero de 2016 y enero de 2019, por un total de $1.494.678,79.
La Fiscalía solicitó que el gremio informe el motivo de esos movimientos y remita documentación sobre el legajo del dirigente, los cargos o funciones que desempeñó, sus recibos de haberes y las liquidaciones de otros conceptos que pudiera haber percibido durante ese período.
El requerimiento apunta a establecer la naturaleza de los pagos y determinar si se corresponden con ingresos declarados por Tapia. De acuerdo con el planteo fiscal, en las declaraciones juradas examinadas el dirigente consignó ingresos provenientes de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la AFA.
El escrito también incorpora nuevas medidas vinculadas con Paola Moyano, expareja de Tapia e hija del dirigente sindical Hugo Moyano.
De acuerdo con información bancaria citada en la investigación, Moyano fue incorporada como firmante de dos cuentas del presidente de la AFA el 12 de febrero de 2019, fecha en la que se registró un depósito en efectivo de US$620.000 en una de ellas. También figuraría como cotitular de una caja de seguridad y usuaria de tarjetas adicionales.
Por ese motivo, Pollicita solicitó extender a Moyano el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero desde 2016 hasta la actualidad, una medida que ya había sido dispuesta respecto de Tapia.
Además, el fiscal pidió que la AFA informe sobre cinco transferencias efectuadas a cuentas del dirigente entre 2020 y 2023, por un total de $1.476.000, y que aporte documentación sobre los $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber recibido de la entidad. También requirió información sobre las tarjetas corporativas emitidas a su nombre, sus límites y las rendiciones de gastos correspondientes.
La investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo y busca determinar si existe una evolución patrimonial que no pueda justificarse con los ingresos declarados por Tapia durante su desempeño como funcionario de la CEAMSE.
El expediente se inició a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución patrimonial del dirigente entre 2017 y 2024.
Las medidas solicitadas por la Fiscalía deberán ser evaluadas en el marco de la investigación. Los movimientos bancarios bajo análisis no constituyen, por sí solos, prueba de un delito: el objetivo de las diligencias es establecer el origen de los fondos y determinar si existe alguna irregularidad.
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