Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo

La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N° 1 del Centro Judicial Capital, a cargo de Diego López Ávila, dispuso la apertura formal de la investigación contra un empleado de una empresa de servicios fúnebres, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de falsificación o adulteración de documentos. La medida de la Justicia se originó tras la denuncia penal formulada por una mujer, quien descubrió que la cochería presentó ante el Registro Civil de Tafí Viejo una autorización privada totalmente apócrifa con su firma adulterada, provocando errores sustanciales en el acta de defunción de su padre, y desencadenando graves consecuencias patrimoniales y de salud para su familia.

El hecho tuvo su origen tras el fallecimiento del hombre en una clínica privada. Según consta en la denuncia formalizada con el patrocinio letrado de la abogada Agustina Mitre, la familia acudió a la empresa contratada mediante débito automático. En la madrugada del 26 de enero, personal operativo se hizo presente para retirar el DNI original del fallecido bajo el compromiso de tramitar la inscripción correspondiente. La denunciante dejó expresa constancia, bajo juramento, de que "en ningún momento de aquella noche -ni en momento alguno posterior- se me presentó formulario, declaración jurada, autorización ni instrumento alguno para suscribir". Sin embargo, la cochería elaboró un formulario membretado interno consignando falsamente sus datos y estampando una firma apócrifa, según la denuncia.

Conforme lo reseña el decreto judicial de apertura firmado por la auxiliar fiscal Emely Lucía Rafael, entre los días 25 y 27 de enero de 2025 el empleado "confeccionó o intervino en la confección de un documento privado falso". En dicho instrumento se omitieron deliberadamente datos esenciales del causante, como su estado civil -que quedó consignado o indicado como "se ignora"- y sus datos filiatorios de padre y madre. Posteriormente, el 27 de enero, según la investigación, el hombre utilizó ese documento apócrifo ante la sede del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Tafí Viejo, exhibiéndolo ante el funcionario público para instar la inscripción e inducir a que se labrara el Acta de Defunción, asentada además insólitamente con el año "2024". Al concurrir al Registro Civil para verificar la documentación, la hija del fallecido se dio cuenta de la maniobra al ver la autorización exhibida: "advertí de inmediato que mi firma y mis datos personales habían sido falsificados". La distorsión del instrumento público acarreó la apertura de un expediente, con un proceso administrativo de rectificación para aportar partidas de matrimonio y nacimiento que recién culminó a fines de mayo de 2025.

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En el escrito acusatorio se remarca que la inscripción defectuosa provocó "un perjuicio económico directo y la imposibilidad de cobrar la pensión jubilatoria por parte de mi madre, la cónyuge supérstite". Al quedar el estado civil asentado como desconocido, la viuda, se vio privada durante cuatro meses del cobro de la pensión derivada, único ingreso familiar del hogar. El texto de la denuncia describe las consecuencias humanitarias: privada de sustento, la mujer "restringió drásticamente su alimentación e hidratación, derivando en un cuadro de deshidratación y desnutrición que motivó su internación durante diez días en el mes de abril de 2025, con concomitante descompensación psiquiátrica". Desde la perspectiva legal, la acusación encuadra la conducta en un concurso real entre la falsificación de instrumento privado y el uso de documento falso, subrayando que los documentos privados gozan de tutela penal porque "esta confianza está depositada en la atribución de una declaración a una determinada persona".

La querella instó además a indagar la responsabilidad funcional y la cadena de mandos dentro de la cochería, mencionando al responsable del área, para determinar si la falsificación de documentos fúnebres constituye una práctica extendida para agilizar trámites registrales. Por su parte, la Fiscalía notificó al imputado de sus derechos y le fijó un plazo de cinco días para proponer, si lo considera, una salida alternativa al proceso penal.