Guernica: seis años después del desalojo reclaman por la finalización de las viviendas

El 29 de octubre de 2020, más de cuatro mil efectivos policiales ingresaron a un predio en Guernica, partido de Presidente Perón, y desalojaron a las familias que desde julio ocupaban esas tierras en busca de un lugar donde vivir. Seis años después, la promesa que acompañó aquella expulsión todavía no se convirtió en una solución concreta: las 853 viviendas anunciadas por el gobierno bonaerense siguen sin entregarse y ninguna familia pudo acceder a las casas que debían reparar, al menos parcialmente, una deuda habitacional que había quedado expuesta durante la pandemia.

El aniversario volvió a encontrar a las familias en las calles. El sábado 31 de octubre, la Asamblea Permanente de Guernica realizó un festival por tierra y vivienda en la plaza Poblete Hlaczik del barrio Santa Elena. Bajo la consigna «¡Kicillof y Cantero: entreguen las viviendas ya!», el reclamo apuntó directamente al gobernador  y a la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero. Las organizaciones advirtieron que la situación habitacional se volvió crítica e insostenible, y denunciaron que algunas vecinas y vecinos sufrieron nuevos desalojos por no poder afrontar el pago de un alquiler.

«La obra no se ha parado en ningún momento», sostienen desde el Ministerio de Hábitat. Reconocen que pudo haber ralentizaciones, pero afirman que las empresas nunca abandonaron los trabajos y que actualmente existen etapas con distintos niveles de avance. También atribuyen parte de las dificultades al contexto presupuestario nacional: «El Gobierno de Milei nos tiene asfixiados», señalan.

Detrás de los reclamos hay una historia de compromisos administrativos, licitaciones, inversiones millonarias y plazos que quedaron lejos de cumplirse. La Provincia había anunciado la construcción de 853 viviendas en tierras cedidas por la empresa El Bellaco S.A., en el marco de un acuerdo que permitió modificar la zonificación de parte de sus terrenos y habilitar el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario privado. La cesión de 56 hectáreas fue presentada como una aplicación de los instrumentos de recuperación de plusvalía previstos en la Ley de Acceso Justo al Hábitat.

El proyecto habitacional se puso en marcha en 2022. Las primeras 160 viviendas fueron licitadas en mayo de ese año y las otras 693 se distribuyeron en tres sectores, adjudicados posteriormente a la empresa KAVOS S.A. Las primeras casas debían estar terminadas en septiembre de 2024 y las restantes en marzo de 2025. En 2023 el cambio de gobierno de la mano de la motosierra alteró toda la obra pública en curso. Ninguna meta se cumplió.

Según el relevamiento de las fichas oficiales del Plan Buenos Aires Hábitat, realizado en octubre de 2026 y sistematizado en un informe sobre el desarrollo del proyecto, el avance físico general alcanza apenas el 38%. Las primeras 160 viviendas registran un 65% de ejecución, mientras que los otros tres sectores presentan avances de entre el 25% y el 27%. La infraestructura de servicios, que incluye las redes de agua, cloacas, gas, desagües pluviales y pavimentación, se encuentra en torno al 25%. El canal pluvial, una de las obras necesarias para reducir el riesgo de inundaciones, ya fue terminado.

La inversión comprometida permite dimensionar la magnitud del emprendimiento. A valores de octubre de 2026, el proyecto contempla unos 241.178 millones de pesos: 147.656 millones destinados a las viviendas, 90.721 millones a infraestructura y otros 2.800 millones a la adecuación hidráulica del canal. Sin embargo, el volumen de recursos involucrados contrasta con la ausencia de casas terminadas y entregadas.

Desde el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense explican que se trata de un desarrollo de escala urbana, con  equipamiento y una infraestructura de servicios de gran complejidad. Entre las dificultades técnicas mencionan la necesidad de traer una extensión de siete kilómetros de red de gas, además de las tareas administrativas de subdivisión y cesión de tierras, y la elaboración de los proyectos hidráulicos de gran escala.

«La obra no se ha parado en ningún momento», sostienen desde el Ministerio, invitan a recorrer el predio para comprobar que los trabajos continúan y admiten que querrían avanzar más rápido.

La explicación oficial pone el foco en las dificultades de financiamiento y en la complejidad técnica de una intervención que, efectivamente, requiere mucho más que levantar paredes. Sin embargo, las demoras también tienen una dimensión anterior: las obras de infraestructura se licitaron en diciembre de 2023, cuando las viviendas ya estaban en construcción. La secuencia dejó expuesta una planificación en la que las casas comenzaron a levantarse antes de que estuvieran resueltas todas las condiciones necesarias para garantizar los servicios básicos del futuro barrio.

La historia del terreno agrega otra dimensión al conflicto. Las tierras pertenecían a El Bellaco S.A., que proyectaba desarrollar allí el Country Club San Cirano. En febrero de 2021, la Provincia y el municipio acordaron la cesión de 56 hectáreas a cambio de un cambio de zonificación que habilitó nuevas posibilidades de desarrollo inmobiliario. El Estado presentó el acuerdo como una forma de obtener suelo sin comprarlo y recuperar parte de la valorización generada por la modificación normativa.

Pero los terrenos cedidos se encontraban en una zona de bañados y necesitaron importantes obras hidráulicas para volverse aptos para la construcción. Es decir, el Estado debió invertir recursos públicos para acondicionar el suelo que recibió. El valor del metro cuadrado puede pasar de 2,5 dólares en suelo rural a 12 dólares después de la rezonificación. La diferencia permite dimensionar la valorización potencial obtenida por el privado.

La contradicción territorial es difícil de separar del origen de la toma. En julio de 2020, alrededor de dos mil familias ocuparon unas 100 hectáreas en medio de la pandemia, cuando la pérdida de ingresos y la imposibilidad de sostener los alquileres habían profundizado la emergencia habitacional. Seis años después, las familias siguen reclamando las viviendas que formaron parte de la respuesta oficial a aquella expulsión. La Provincia sostiene que las obras continúan, pero los porcentajes de ejecución y los plazos incumplidos muestran la distancia que todavía existe entre el proyecto anunciado y su concreción. En Guernica, la promesa de convertir un terreno en un barrio para quienes no tenían dónde vivir continúa pendiente.