Giro en el caso del Puesto La Pastora: restituyeron la hacienda, pero la causa sigue por "encubrimiento"

Tras los peritajes, la Justicia devolvió los animales a los puesteros. La investigación dio un vuelco hacia una figura penal más leve, mientras que la causa contra la policía no prosperó por falta de pericias médicas.

Luego de más de dos semanas del operativo desplegado en el límite serrano entre Santa Rosa y Paclín, la causa judicial iniciada por un presunto delito de cuatrerismo dio un giro sustancial en las últimas horas. Las autoridades intervinientes ordenaron la restitución total de los 70 animales que permanecían incautados en la Capital provincial hacia el Puesto La Pastora.

Sin embargo, la devolución de la hacienda, compuesta por 42 vacunos y 28 equinos, no implicó el cierre definitivo de las actuaciones. Según explicaron fuentes judiciales consultadas por El Ancasti, la causa continuará su trámite bajo la calificación penal de "encubrimiento". Esta nueva línea investigativa surge mientras la Fiscalía de Instrucción interviniente evalúa las pruebas presentadas por la defensa, destinadas a certificar la legítima propiedad y posesión de los animales secuestrados.

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Por su parte, desde el entorno de los puesteros expresaron un profundo malestar por las condiciones en las que se hizo efectiva la entrega del ganado tras permanecer varios días bajo la custodia de la fuerza de seguridad.

Según indicó uno de los puesteros a este diario, la hacienda fue devuelta con un severo deterioro físico por falta de alimento adecuado, asegurando incluso que dos equinos fallecieron en la base de la Policía Montada antes de poder concretar el traslado de regreso al departamento Paclín.

Asimismo, cuestionaron las demoras en el operativo de entrega en la Capital y denunciaron tratos hostiles durante la jornada en la que se efectivizó la medida dispuesta por la Justicia.

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Otro de los puntos centrales del expediente radicaba en las denuncias penales presentadas contra los efectivos policiales que participaron de la irrupción inicial en el puesto serrano, a quienes la familia acusaba por supuestos apremios ilegales, vejaciones, agresiones físicas y la sustracción de pertenencias.

Al respecto, fuentes judiciales confirmaron a El Ancasti que dicha investigación contra el personal policial no experimentó avances ni derivó en imputaciones formales. La causa se encuentra imposibilitada de continuar debido a que los denunciantes no se sometieron en su momento a las pericias del médico legista, un requisito indispensable para la constatación técnica de las supuestas lesiones y el posterior impulso de la acción penal contra los uniformados.

De esta manera, en el reinicio de la actividad judicial ordinaria, el expediente avanza en el análisis de la documentación de la hacienda para determinar si corresponde el sobreseimiento de los sospechosos o la elevación a juicio bajo la figura de encubrimiento.