¡Ganan los privados, paga el Estado! Así es el RIGI que propone Catalán

Lisandro Catalán propone trasladar a Tucumán la lógica del RIGI impulsado por Javier Milei. El propio documento de La Libertad Avanza plantea expresamente que el régimen nacional tenga un “correlato efectivo en Tucumán”.

La fórmula es sencilla: el Estado tucumano resigna recursos para mejorar el negocio de las empresas privadas.

El régimen tendría una vigencia inicial de diez años y alcanzaría a inversiones desde los US$3 millones. Las compañías que ingresen podrán acceder a reintegros fiscales de hasta el 30% de lo invertido, exenciones parciales de Ingresos Brutos durante hasta cinco años y prioridad en programas provinciales de financiamiento.

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En otras palabras, una empresa puede invertir millones y recuperar parte de ese desembolso mediante beneficios fiscales otorgados por la Provincia.

El negocio es privado, el beneficio sale de la caja pública

Las exenciones impositivas no son gratuitas. Cada impuesto que una empresa deja de pagar representa recaudación que el Estado provincial deja de recibir.

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Y el reintegro de hasta el 30% es todavía más directo: el propio régimen contempla devolver a las compañías parte del dinero invertido mediante créditos fiscales u otros mecanismos definidos por el Poder Ejecutivo.

Así, el esquema invierte la lógica que LLA suele utilizar cuando habla del Estado: para políticas públicas pide austeridad; para atraer grandes capitales ofrece beneficios financiados por el propio Estado.

El privado hace el negocio y conserva las ganancias. Tucumán aporta exenciones, reintegros y ventajas fiscales.

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Los beneficios tienen números; el empleo tucumano no

El contraste se vuelve todavía más evidente cuando se compara el detalle de los beneficios empresariales con las obligaciones laborales.

El documento establece porcentajes concretos para reintegros y plazos precisos para las exenciones. Sin embargo, no fija ningún porcentaje obligatorio de trabajadores tucumanos que las empresas deban contratar.

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Tampoco establece en ese régimen un cupo obligatorio de proveedores radicados en Tucumán.

Por lo tanto, una compañía puede recibir beneficios financiados con recursos provinciales sin estar obligada por este proyecto a cubrir una determinada proporción de sus puestos con trabajadores tucumanos ni a contratar un porcentaje específico de empresas locales.

Ese es el corazón del modelo: los incentivos económicos quedan definidos en favor de la inversión privada; el empleo local no recibe el mismo tratamiento obligatorio.

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Recursos tucumanos para negocios privados

El problema se agrava cuando el esquema alcanza sectores estratégicos como tierra, minería, energía y recursos naturales. El plan de Catalán propone que el desarrollo quede liderado por el sector privado y que esos capitales reciban beneficios fiscales durante años.

El antecedente nacional va en la misma dirección. El Gobierno de Milei intentó eliminar los límites de la Ley de Tierras Rurales para facilitar una mayor compra de territorio por parte de extranjeros. La Justicia frenó esa derogación y luego otro intento de flexibilización tampoco avanzó.

La señal política es clara: más beneficios para grandes capitales y menos límites sobre recursos estratégicos. En Tucumán, eso significa poner tierra, recursos y ventajas fiscales al servicio de negocios privados sin asegurar que la riqueza quede en la provincia.

El Estado pone los beneficios, Tucumán pone los recursos y los privados se quedan con el negocio.