Fuerte denuncia contra la Liga Tucumana: la conducción respondió, cuestionó firmas y negó irregularidades

Resumen para apurados

Una fuerte denuncia presentada ante el Consejo Federal de la AFA abrió un nuevo frente institucional en la Liga Tucumana de Fútbol. El escrito, de 23 páginas, solicita una investigación integral sobre el funcionamiento administrativo, económico, contable y deportivo de la entidad y apunta a determinar eventuales responsabilidades de su presidente, Eduardo Monteros, del tesorero Ricardo René Elías y de otros integrantes del Comité Ejecutivo. Entre otras medidas, los denunciantes solicitan la suspensión preventiva de las principales autoridades mientras se sustancien las actuaciones.

La presentación plantea presuntas irregularidades relacionadas con la Asamblea General Ordinaria, el balance, el Tribunal de Cuentas, el manejo de fondos y el Tribunal de Disciplina. Además, existe un segundo escrito dirigido particularmente contra Elías por una supuesta agresión al entrenador de Concepción FC, Mario Suárez, después del partido contra Ñuñorco por los cuartos de final del Apertura.

La conducción respondió. Monteros confirmó a LA GACETA que la institución ya presentó un primer descargo y trabaja sobre los requerimientos realizados por el Consejo Federal. Elías también habló y rechazó varias acusaciones.

Uno de los cuestionamientos apunta a que durante 2026 no se habría celebrado en tiempo y forma la Asamblea General Ordinaria en la que debían tratarse la Memoria, el Balance General, el inventario y la cuenta de recursos y gastos correspondientes al ejercicio 2025. También se cuestiona que los mandatos del Tribunal de Cuentas habrían vencido en marzo sin ser renovados.

Monteros reconoció la demora, pero aseguró que el balance está terminado. "El balance ya lo tenemos. Estamos por convocar a Asamblea. Prácticamente lo tenemos hace un mes", afirmó.

Elías dio una explicación similar. Según el tesorero, el balance se encuentra confeccionado y certificado desde hace aproximadamente un mes, pero la convocatoria se demoró porque distintos clubes todavía no cumplen con los requisitos necesarios para participar regularmente de la Asamblea.

"Estamos tratando de sacar todo esta semana para hacer lo antes posible la Asamblea", señaló.

El tesorero agregó que existe un importante nivel de endeudamiento de las instituciones por conceptos como carnets, seguros y pases. Dentro de ese escenario también existe una deuda pendiente de Atlético Tucumán con la Liga. Desde el club de 25 de Mayo y Chile, consultados por LA GACETA, indicaron que no realizarán declaraciones sobre el tema.

Otro punto central está relacionado con el circuito de los fondos. El escrito sostiene que importes correspondientes a obligaciones, aranceles, seguros y otros conceptos habrían sido derivados a cuentas bancarias personales de terceros vinculados con la conducción, entre ellas una atribuida a Elías. Los denunciantes solicitan reconstruir el circuito del dinero y determinar el origen, recepción, registro y destino final de cada ingreso.

Monteros sostuvo que esa modalidad debe analizarse teniendo en cuenta la situación financiera que recibió la gestión. "La Liga Tucumana tiene las cuentas embargadas", afirmó. Según el presidente, asumieron con 45 juicios y también con inconvenientes relacionados con aportes previsionales de empleados correspondientes a períodos anteriores. Aseguró que varios litigios fueron solucionados y que otros continúan siendo pagados.

La presentación solicita, precisamente, una auditoría contable integral de los ejercicios 2024, 2025 y del período transcurrido de 2026, con especial atención a los ingresos provenientes de los clubes y al circuito bancario utilizado.

Monteros y Elías hicieron especial hincapié en la situación económica de las instituciones afiliadas. El presidente aseguró que la Liga decidió priorizar la continuidad de las competencias y que, en distintas oportunidades, absorbió obligaciones que correspondían a los clubes.

"Tenemos que priorizar que el fútbol se juegue", explicó Monteros. Según detalló, la Liga afrontó deudas de los afiliados con la Policía y los árbitros para evitar interrupciones en los campeonatos.

Elías estimó que alrededor del 95% de las instituciones mantiene algún tipo de deuda. "Los clubes están jugando prácticamente sin pagar a la Liga", afirmó, y mencionó entre los principales conceptos pendientes los carnets, seguros y pases.

Según el tesorero, se aceptaron compromisos de pago y se mantuvieron abiertas cuentas corrientes para permitir que los equipos continuaran compitiendo. Monteros justificó esa decisión en el contexto económico y en la intención de no "asfixiar" a las instituciones.

La denuncia también cuestiona aspectos deportivos. Los denunciantes sostienen que durante 2024 las competencias habrían comenzado sin un Tribunal de Disciplina constituido o en funcionamiento y que posteriormente se habría producido una paralización aproximada de 45 días.

Además, solicitan investigar la reprogramación y continuidad de un encuentro entre Concepción FC y Deportivo Graneros mientras existía una cuestión disciplinaria pendiente. El pedido apunta a determinar quién tomó esa decisión, mediante qué resolución y bajo qué sustento reglamentario.

El segundo escrito tiene como destinatario directo al tesorero y se refiere a un episodio que, según los denunciantes, ocurrió después del encuentro entre Concepción FC y Ñuñorco.

La presentación sostiene que Elías habría ingresado al campo acompañado por personas señaladas como guardaespaldas y que habría golpeado en el rostro al entrenador de Concepción. Además, menciona la existencia informada de un legajo penal y solicita al Consejo Federal requerir información judicial, testimonios, informes médicos, imágenes y registros audiovisuales para determinar qué ocurrió.

Elías negó esa versión. "No pasó absolutamente nada", aseguró. Según relató, acudió para colaborar con la organización y permaneció junto a representantes de los clubes. Reconoció que existió un entredicho después de la expulsión del entrenador, pero rechazó que hubiera una agresión física.

También aseguró que nunca recibió una notificación judicial vinculada con el episodio. "No fui notificado. Me llegó por sorpresa cuando vi la nota que llegó del Consejo", sostuvo.

Monteros respaldó al tesorero. "Creo firmemente en el tesorero", afirmó, aunque aclaró que la institución responderá los requerimientos correspondientes.

El escrito solicita preventivamente que Elías sea apartado de toda actividad dirigencial relacionada con el fútbol mientras se investigan los hechos.

Otro frente se abrió alrededor de las adhesiones. Monteros aseguró que cuatro clubes acudieron a la Liga para desconocer su participación en la denuncia.

"Nosotros ya presentamos un descargo porque se presentaron en la Liga cuatro clubes diciendo que ellos no habían firmado la nota", señaló. Mencionó a Concepción de la Banda del Río Salí, Santa Lucía y San José, entre los clubes afectados.

El presidente cuestionó también que algunas adhesiones correspondan a personas que, según sostuvo, no tendrían facultades suficientes para representar institucionalmente a sus clubes. Mencionó particularmente una firma atribuida a un auxiliar y situaciones vinculadas con dirigentes sancionados por el Tribunal de Disciplina.

En las páginas destinadas a las adhesiones aparecen firmas y sellos atribuidos a representantes del La Florida, El Corte, Sportivo Guzmán, San Fernando, San Juan, Amalia, Central Norte, Tucumán Central, Famaillá, Almirante Brown, San Pablo, Concepción Fútbol Club, San José, San Antonio, Cruz Alta, Atlético Concepción, San Ramón, Santa Lucía, La Providencia, Villa Mitre. En algunos casos figuran presidentes o vicepresidentes y en otros aparecen personas identificadas con funciones diferentes.    

La denuncia particular contra Elías también exhibe firmas y sellos atribuidos a diferentes instituciones.

La autenticidad y representatividad de esas adhesiones se convirtió así en uno de los ejes del descargo. Monteros tampoco descartó recurrir a la Justicia en caso de considerarlo necesario por una eventual adjudicación irregular de firmas. Por ahora, se trata de un cuestionamiento de la conducción y no existe una determinación judicial que permita establecer que las rúbricas hayan sido falsificadas.

El petitorio reclama la apertura de una investigación integral, que se requiera documentación a la Liga y que se analicen la Asamblea, los órganos de fiscalización, las cuentas y el funcionamiento del Tribunal de Disciplina. También solicita preservar libros, archivos digitales, comunicaciones, comprobantes y documentación bancaria, además de determinar si fondos de la institución fueron administrados mediante cuentas personales.

La medida de mayor impacto es el pedido de suspensión preventiva del presidente y de Elías mientras avancen las actuaciones. La propia presentación aclara que no pretende funcionar como una sanción anticipada, sino como una medida cautelar. Si se comprobaran responsabilidades graves, solicita evaluar suspensiones o inhabilitaciones.

Monteros interpretó la denuncia dentro de una disputa que, según afirmó, atraviesa a la Liga desde hace tres años. Sostuvo que existe un grupo de clubes opositores a su gestión y aseguró conocer quién estaría detrás de los cuestionamientos, aunque evitó identificarlo.

"Vamos a contestar todo, absolutamente todo. Tenemos todo para contestar, pero sentimos que vamos a ser perjudicados", aseguró.

El conflicto entra ahora en una segunda etapa. A las acusaciones formuladas ante el Consejo Federal se sumaron los descargos, el cuestionamiento sobre algunas firmas y versiones contrapuestas respecto de varios hechos denunciados. Será el organismo nacional el que deberá determinar qué puntos requieren investigación, qué documentación corresponde incorporar y si existen responsabilidades disciplinarias o institucionales.