Estatuto del Periodista: un ataque a la libertad de expresión con la firma de los dueños de los medios

Por: Agustín Lecchi

Por: Agustín Lecchi

Mientras Milei pedía mandar a quemar en la hoguera a cinco de los periodistas que investigaron el caso $Libra, empresarios que pagaron millones de dólares por escucharlo aplaudían sonriendo. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), de la que es parte el Grupo Clarín, emitió un tibio comunicado donde pidió respeto al periodismo, con la evidente intención de demarcarse aunque sea tímidamente del presidente. Pero la entidad que agrupa a los empresarios de medios de nuestro país, ADEPA, es el principal impulsor de la derogación delEstatuto del Periodista, una iniciativa que de concretarse va a desproteger aun mas a la prensa en el marco de los sistemáticos ataques.

¿Hubo un momento de mayor cantidad de ataques generalizados a la prensa desde la vuelta a la democracia? Un presidente que insulta, estigmatiza, realiza una campaña de odio que luego tiene consecuencias concretas físicas, como le sucedió a Roberto Navarro que sufrió una golpiza en la calle, judicializa a quien investiga u opina distinto, manda a reprimir a fotógrafos, camarógrafos y trabajadores de prensa de exteriores, con el caso mas grave de Pablo Grillo… En ese contexto, ¿qué implica derogar una ley que, aun con sus potencialidades o limitaciones, protege a las y los periodistas?

Los empresarios de medios, en su búsqueda por abaratar costos y contar un periodismo con menos derechos, por lo tanto más dócil y disciplinado, no tienen vergüenza en aliarse con el gobierno que más persigue al periodismo.

El Estatuto del Periodista no puede arrogarse a ningún sector en particular. Fue promovido inicialmente por el periodista y diputado radical Víctor Gulliot, luego sancionado por Perón desde la Secretaría de Trabajo, más tarde aprobado con un apoyo amplísimo del Congreso de la Nación y defendido por diversos sectores políticos a lo largo de los años. De concretarse, el intento de derogación actual también tendrá nombres y apellidos que nos encargaremos de denunciar y recordar. En primer lugar cada legislador y cada legisladora que levantaron la mano en febrero, en particular quienes se comprometieron a discutir la actualización del Estatuto en el marco de la prórroga pero cedieron a las presiones de los empresarios. Paradójicamente, entre ellos está la periodista Carolina Losada, senadora de Santa Fe y, en la otra cámara, una de las máximas voceras de las empresas de medios, Silvana Guidici, de CABA, que en otros momentos presidió la comisión de Libertad de Expresión.

Pero también los dueños de las empresas y sus voceros. Ninguna de esas empresas se expresaron públicamente pero conocimos en off el texto que en su momento le enviaron las cámaras empresariales AEDBA (prensa escrita del AMBA), ADIRA (prensa escrita del interior), ATA (prensa televisada), ARPA (radio), planteando que era una ley antigua y vetusta. Luego de su congreso de Tucumán, en septiembre, ADEPA acordó realizar una presión sistemática sobre todos los bloques. Muchos de esos sectores, incluso los que se habían comprometido a tratar los proyectos de actualización, están cediendo a esa presión.

Podemos comprender que haya diferentes miradas sobre si regular o no con un Estatuto profesional la actividad periodística. Tenemos muchísimos argumentos para defender por qué no debe ser derogado. Pero lo que no es tolerable es que el Congreso de la Nación no trate los proyectos. Por eso, denunciamos a la senadora Carmen Álvarez Rivero, principal obstaculizadora de este debate, y a todos los miembros de ambas cámaras que impiden que una ley de la democracia sea debatida antes de ser eliminada a libro cerrado por la presión de las grandes empresas. Y los dueños de los medios deberán hacerse cargo de ser, como ya lo hicieran algunos de ellos durante la dictadura, quienes se aliaron a un gobierno que ataca la libertad de expresión para quitarle derechos a las y los periodistas.«

Estatuto del Periodista