Estados Unidos prepara una participación directa en proyecto petrolero de Venezuela junto a polémico empresario

El Gobierno de Estados Unidos prepara una inusual participación en el desarrollo de las enormes reservas petroleras de Venezuela mediante un acuerdo que involucra al empresario venezolano Alejandro Betancourt y su compañía North American Blue Energy Partners (NABEP).

El proyecto contempla 17 campos petroleros distribuidos entre algunas de las principales cuencas de Venezuela y forma parte de un acuerdo más amplio anunciado por el presidente Donald Trump para aumentar la participación estadounidense en la industria energética venezolana.

Trump ha afirmado que el acuerdo proporciona a Estados Unidos un control mayoritario sobre una parte considerable de las reservas venezolanas, mientras que el Gobierno de Delcy Rodríguez sostiene que Venezuela continuará manteniendo la propiedad y soberanía sobre sus recursos.

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Información publicada posteriormente por Reuters, citando un reporte de The Wall Street Journal, señala que el Gobierno estadounidense planea obtener una participación pasiva del 35% en NABEP.

El acuerdo también otorgaría a Estados Unidos derechos preferenciales para adquirir el 20% de la producción petrolera de la compañía al costo.

La participación del Gobierno estadounidense estaría relacionada con la Office of Strategic Capital (OSC) del Pentágono, una oficina creada para movilizar inversiones hacia sectores considerados estratégicos.

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Sin embargo, existe una cuestión jurídica todavía por resolver. El portavoz del Pentágono Sean Parnell señaló que la OSC no tiene autoridad legal para adquirir directamente participaciones accionarias en compañías privadas.

Su intervención está limitada a mecanismos como préstamos, garantías de préstamos y asistencia técnica o financiera. Por esta razón, todavía no está completamente definido cómo se estructuraría la participación estadounidense anunciada.

La elección de Betancourt como uno de los principales socios privados del proyecto ha generado atención debido a su historial empresarial y judicial.

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El empresario controla NABEP, que actualmente produce alrededor de 200.000 barriles diarios en campos ubicados en el Lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco, convirtiéndola en uno de los mayores productores privados de Venezuela.

Betancourt ha sido investigado durante años en Europa, Estados Unidos y Venezuela por diferentes acusaciones relacionadas con corrupción, lavado de dinero y delitos fiscales. El empresario ha negado haber cometido irregularidades y no ha sido condenado por esos señalamientos.

Pese a estas controversias, su capacidad para aumentar la producción petrolera y sus conexiones dentro de Venezuela habrían contribuido a convertirlo en un intermediario importante entre Washington y Caracas.

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El proyecto forma parte de un acuerdo energético mucho mayor relacionado con aproximadamente 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano, cerca del 22% de las reservas del país.

El plan contempla desarrollar los 17 campos durante un período de aproximadamente 25 años, con el objetivo de alcanzar una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

Delcy Rodríguez ha defendido el acuerdo asegurando que podría generar alrededor de 209.000 millones de USD en ingresos para Venezuela, además de atraer inversiones para recuperar una industria petrolera afectada durante años por falta de capital, sanciones y deterioro de infraestructura.

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Trump, por su parte, presenta el acuerdo como una forma de asegurar para Estados Unidos acceso de largo plazo a una de las mayores reservas de petróleo del planeta.

Pese a la magnitud del anuncio, numerosos aspectos del acuerdo todavía no están completamente definidos.

Entre ellos se encuentran la estructura exacta de la participación estadounidense, quién financiará las inversiones necesarias para recuperar los campos, qué compañías terminarán operándolos y cómo se distribuirán finalmente los ingresos.

También existen dudas sobre la cantidad de inversión necesaria para recuperar una infraestructura petrolera deteriorada durante años. Grandes compañías estadounidenses han mostrado cautela ante la posibilidad de comprometer decenas de miles de millones de USD en Venezuela debido a los riesgos políticos, jurídicos y operativos.

Por ahora, el acuerdo representa uno de los intentos más ambiciosos de Estados Unidos por participar directamente en la recuperación de la industria petrolera venezolana, pero su verdadera dimensión dependerá de cómo se estructuren las inversiones y de si los 17 campos logran atraer suficiente capital para alcanzar los niveles de producción prometidos.