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El río El Tala y una problemática que vuelve a quedar bajo la lupa
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El río El Tala y una problemática que vuelve a quedar bajo la lupa

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Redacción
sábado, 19 de septiembre de 2026 · 09:00 a. m. hs · 2 min
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Investigan posibles ocupaciones ilegítimas

La Justicia investiga posibles ocupaciones ilegítimas en sectores próximos al cauce y la línea de ribera. El expediente también expone una preocupación que excede lo penal: viviendas y personas asentadas en zonas identificadas como de riesgo hídrico.

La ocupación de sectores próximos al río El Tala quedó bajo la lupa de la Justicia a partir de una investigación iniciada por la Fiscalía de Instrucción N°4, distrito oeste. El expediente busca determinar la existencia de ocupaciones en inmediaciones del Camping Municipal y de la Ruta Provincial N°4.

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La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado de la Provincia y contempla, entre otros aspectos, la posible configuración del delito de usurpación. Sin embargo, detrás de la investigación penal aparece una problemática de mayor alcance: la presencia de personas e inmuebles en sectores expuestos a amenazas naturales y la necesidad de prevenir situaciones que podrían poner en riesgo vidas humanas.

El fiscal Ricardo Córdoba Andreatta dispuso distintas medidas para establecer la situación dominial de los terrenos, identificar los inmuebles y a las personas que se encuentran en el lugar y determinar las características y antigüedad de cada ocupación.

La documentación incorporada al expediente incluye un informe técnico sobre la evaluación del riesgo hídrico y la amenaza hidrogeomorfológica en la quebrada del río El Tala. Según ese estudio, determinados fenómenos meteorológicos pueden generar situaciones de peligrosidad fluvial capaces de afectar a personas y construcciones ubicadas en el sector.

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Por ese motivo, la investigación no se limita a determinar quién ocupa los terrenos. También busca reconstruir cómo se produjo esa ocupación y qué condiciones presenta actualmente el área.

Entre las medidas ordenadas figuran relevamientos, antecedentes dominiales, administrativos y posesorios, una inspección ocular con registro fotográfico y georreferenciado y la recepción de testimonios. También fueron requeridos informes a Catastro, el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, Hidrología, la Municipalidad de la Capital, Defensa Civil, Vialidad Provincial y EC Sapem.

El caso vuelve a poner en discusión una cuestión que suele quedar relegada hasta que ocurre una emergencia: el vínculo entre crecimiento urbano, ocupación territorial, necesidad habitacional y prevención del riesgo.

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La Fiscalía aclaró que la investigación penal no reemplaza las tareas administrativas que corresponden al Estado en materia de prevención, fiscalización, control territorial y protección civil.

La causa deberá establecer si existieron conductas delictivas. Pero, más allá de esa definición, el escenario del río El Tala plantea una preocupación que excede los límites de un expediente judicial: cómo evitar que la ocupación de zonas vulnerables termine convirtiendo un problema territorial de ayer en una emergencia de mañana.

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Leer la nota original en El Esquiú
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