El Gobierno rechazó la guía del Reino Unido sobre Malvinas y profundizará las sanciones a empresas

La Cancillería cuestionó el documento difundido por Londres para respaldar a compañías que desarrollen actividades económicas en las islas y ratificó que aplicará la legislación argentina a quienes intervengan en operaciones no autorizadas.

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El Gobierno rechazó la guía del Reino Unido sobre Malvinas y profundizará las sanciones a empresas El Gobierno rechazó la guía del Reino Unido sobre Malvinas y profundizará las sanciones a empresas

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El Gobierno argentino rechazó la nueva guía del Reino Unido destinada a empresas que operan o buscan desarrollar negocios en las Islas Malvinas y anunció que profundizará las medidas contra compañías, inversores y proveedores vinculados con actividades que considera no autorizadas. La respuesta de la Cancillería se conoció luego de la publicación del documento británico, que sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las compañías que desarrollan actividades en el archipiélago.

El documento publicado por Londres señala que el Reino Unido respalda la actividad económica en las islas y que el gobierno local regula las operaciones comerciales y el desarrollo de recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. También sostiene que la legislación argentina no se aplica en las islas ni puede ser utilizada para ejercer jurisdicción sobre empresas o personas vinculadas con actividades allí.

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Frente a esa posición, la Cancillería argentina ratificó la vigencia de las leyes 26.659 y 26.915, relacionadas con las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, y señaló que ese marco fue reforzado por el Decreto 868/2026.

"Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional", sostuvo el Gobierno, al remarcar que continuará utilizando las herramientas legales disponibles contra quienes participen en actividades que requieran autorización argentina.

Según los datos difundidos por la Cancillería, el Estado argentino ya envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas y empresas radicadas en unos 30 países que estarían vinculadas con actividades en las islas.

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A esto se suman 60 procedimientos administrativos que permanecen en trámite. Además, la Sindicatura General de la Nación presentó tres denuncias penales que involucran a 10 empresas y sus respectivos directivos, de acuerdo con la información oficial.

Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La Cancillería volvió a cuestionar las licencias otorgadas para avanzar con la explotación de hidrocarburos y mencionó específicamente a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

En paralelo, el Gobierno argentino convocó a representantes diplomáticos del Reino Unido, Irlanda del Norte e Israel para transmitirles formalmente sus objeciones por el avance del proyecto y por las licencias, incentivos y contrataciones de proveedores vinculados con las operaciones.

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La estrategia oficial apunta no solamente a las compañías que tienen presencia directa en las islas, sino también a otros integrantes de las cadenas comerciales y financieras, como contratistas, proveedores, aseguradoras, financistas e inversores que tengan actividades o activos en terceros países.

La Cancillería también invocó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente una solución a la disputa de soberanía.

Desde el Gobierno argentino sostienen que el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en el área genera riesgos sobre recursos naturales que considera propios y puede producir efectos que, según su posición, serían difíciles de revertir.

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Al mismo tiempo, la Argentina reiteró su disposición a retomar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido sobre la cuestión de soberanía de las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas.

La publicación británica, por su parte, deja expresamente asentada la posición de Londres de que las islas son un territorio británico de ultramar y que el Reino Unido respalda el desarrollo económico y la explotación de recursos naturales por parte del gobierno de las islas.