El Gobierno extendió hasta 2049 la concesión de Aeropuertos Argentina y prevé inversiones por U$S600 millones
La concesión de 35 aeropuertos de todo el país, que vencía en 2038, fue prorrogada por 11 años tras una renegociación con la empresa.
Resumen para apurados
El Gobierno nacional y Aeropuertos Argentina acordaron extender hasta 2049 la concesión de los servicios aeroportuarios en 35 aeropuertos de todo el país. El convenio, que pone fin a la renegociación iniciada a partir de los desequilibrios provocados por la pandemia, fue oficializado este lunes mediante una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial.
La concesión original tenía vigencia hasta 2038. Con el nuevo acuerdo, se extenderá hasta el 13 de febrero de 2049, con la posibilidad de una prórroga hasta 2056.
Como contraparte, la empresa deberá ejecutar un programa de inversiones por U$S 600 millones, IVA incluido. El acuerdo establece que al menos el 75% de esas obras deberá estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2031.
La extensión del contrato fue definida como una alternativa para recomponer el equilibrio económico-financiero de la concesión sin recurrir a aumentos tarifarios ni establecer restricciones al nivel de inversiones, medidas que, según el Gobierno, podrían tener impacto sobre los usuarios y la prestación del servicio.
Según los fundamentos de la decisión administrativa, las partes reconocieron que la pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas durante ese período generaron un "desequilibrio real y extraordinario" en la concesión, por lo que se consideró necesario establecer un mecanismo de recomposición que implicara un esfuerzo compartido.
La renegociación tomó como referencia una tasa interna de retorno del 14,3%. El Gobierno aclaró que ese parámetro fue utilizado para recomponer la ecuación económico-financiera de la concesión y que no implica una rentabilidad garantizada para la empresa.
En una primera instancia, Aeropuertos Argentina había planteado extender la concesión por 30 años, con la posibilidad de sumar otros 10. Ese esquema hubiera llevado el contrato hasta 2078.
Sin embargo, los análisis técnicos, económicos y financieros realizados durante el proceso de negociación derivaron en una extensión menor: hasta febrero de 2049, con una eventual prórroga posterior hasta 2056.
A cambio de esa extensión, y en función de las proyecciones de crecimiento del tráfico aéreo y de los estándares de calidad y seguridad exigidos, se incrementó en U$S 600 millones el compromiso de inversiones de la concesionaria.
El nuevo plazo de la concesión quedó sujeto al cumplimiento de dos condiciones.
La primera establece que, antes del 30 de junio de 2027, Aeropuertos Argentina deberá acreditar, mediante un informe elaborado por una de las principales firmas internacionales de auditoría, que dispone de los fondos necesarios para afrontar el programa de inversiones de U$S 600 millones.
La segunda exige que al menos el 75% de esas inversiones se encuentre finalizado antes del 31 de diciembre de 2031.
La ampliación del plazo fue planteada como un mecanismo destinado a permitir la amortización de las obras comprometidas y preservar el equilibrio económico-financiero de la concesión.
El programa de inversiones previsto en el acuerdo no estará alcanzado por los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
La ratificación del Acta Acuerdo puso fin a una renegociación que tuvo como objetivos resolver los desequilibrios acumulados durante la concesión, garantizar la continuidad y calidad de los servicios aeroportuarios y adecuar el nivel de inversiones a la evolución esperada de la actividad aerocomercial.
El proceso estuvo respaldado por informes técnicos, económicos, financieros y jurídicos elaborados durante las distintas etapas de la negociación.
El acuerdo también contempla un mecanismo para poner fin a las controversias acumuladas entre el Estado nacional y la empresa.
Según el texto oficial, ambas partes, incluidos los accionistas de Aeropuertos Argentina, acordaron que "nada más tendrán que reclamarse mutuamente" por hechos o conceptos anteriores al Acta Acuerdo, así como por las consecuencias directas o indirectas de los perjuicios derivados de la pandemia.
La única excepción corresponde a determinadas revisiones de inversiones de períodos anteriores, expresamente contempladas en el convenio.
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