El Gobierno de Tierra del Fuego apuntó contra Nación por la llegada de un buque británico a Ushuaia

La provincia repudió el amarre del petrolero, recordó la vigencia de la Ley Gaucho Rivero y apuntó contra la intervención del Gobierno nacional en el puerto.

El buque VS Promise, dedicado al transporte de crudo y registrado bajo bandera británica, amarró en el muelle comercial del Puerto de Ushuaia tras realizar operaciones de carga en la terminal de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego. La embarcación tiene 228 metros de eslora y capacidad para más de 500.000 barriles de petróleo.

La presencia del buque no es un hecho menor: la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, prohíbe desde 2011 la permanencia, el amarre y el abastecimiento de barcos con bandera británica en puertos fueguinos, en rechazo a la ocupación del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

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En este contexto, el gobierno de Gustavo Melella rechazó "enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia, actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia".

Además, anunció que presentará una denuncia formal y apuntó el Gobierno nacional: "Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial", remarca el comunicado de la administración fueguina.

El puerto de Ushuaia se encuentra intervenido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) desde enero, una medida que el Gobierno nacional justificó por su carácter "estratégico" y la necesidad de resguardar la soberanía en el Atlántico Sur. La provincia cuestionó la legalidad de esa intervención y la judicializó.

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El episodio ocurre en un contexto donde Tierra del Fuego busca reforzar su rol estratégico en el Atlántico Sur y en la disputa por la soberanía de las Malvinas. La provincia advirtió que no permanecerá "indiferente" ante decisiones del Gobierno nacional que comprometan sus competencias y recursos, y convocó a fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del puerto.

Además, funcionarios provinciales investigan qué empresa contrató al petrolero para operar en la zona, dado que el buque realizó maniobras de carga de crudo en instalaciones utilizadas por el consorcio encabezado por TotalEnergies.

La presencia del VS Promise reactivó una tensión histórica: la convivencia entre la política nacional hacia el Atlántico Sur y las normas provinciales que buscan marcar una posición firme frente a la ocupación británica. El amarre del buque británico en Ushuaia, a metros del memorial a los caídos en la guerra de 1982, expuso una grieta entre Nación y la provincia fueguina en torno a la soberanía, el control portuario, el petróleo y el poder político.

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El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur repudia y rechaza enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia, actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia.

Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial.

La gravedad del hecho resulta aún mayor por las circunstancias en que se produce. El Gobierno nacional pretendió justificar la intervención del Puerto de Ushuaia invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales.

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En suma, se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular.

Ushuaia constituye un punto estratégico de primer orden para la Argentina: por su ubicación, por su proyección sobre el Atlántico Sur y por su condición de puerta de entrada a la Antártida, ocupa un lugar central en la defensa de nuestros intereses soberanos y en la presencia argentina en el extremo austral. Las decisiones que se adopten respecto de su puerto no pueden desentenderse de esa realidad geográfica, constitucional y geopolítica.

La defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes no admite dobles discursos ni contradicciones. Constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, y un mandato esencial para todo el pueblo argentino en general y para las autoridades de Tierra del Fuego conforme a la Constitución Provincial, en particular.

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Por ello, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:

Reclama al Gobierno nacional que informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia.

Exige el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto, sin perjuicio de las acciones judiciales ya promovidas contra una medida que consideramos ilegítima y lesiva de la autonomía provincial.

Advierte que Tierra del Fuego no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que comprometan sus competencias, sus recursos y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.

Convoca a todos los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia y a impedir que la defensa de la soberanía nacional sea reducida a una mera declaración retórica.

La Provincia continuará defendiendo, por todos los medios institucionales a su alcance, sus competencias y los derechos soberanos de la República Argentina en el Atlántico Sur.

La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a Tierra del Fuego del control de su puerto estratégico para después administrarlo de espaldas a los intereses soberanos que se invocaron para intervenirlo.