El Gobierno de Milei busca abrir un amplio debate en el Congreso por las Islas Malvinas

El Ejecutivo prepara un paquete de iniciativas para endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur. La oposición anticipó que participará del debate, aunque reclamará explicaciones de funcionarios nacionales.

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El Gobierno de Javier Milei busca abrir en el Congreso un amplio debate sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas, a partir de las medidas anunciadas por el Presidente en cadena nacional. El paquete contempla nuevas sanciones para empresas que intervengan en actividades hidrocarburíferas en el archipiélago y medidas destinadas a fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Las iniciativas todavía deben llegar formalmente a las cámaras del Congreso, donde la oposición ya adelantó que participará de la discusión. Sin embargo, distintos sectores opositores cuestionaron el momento elegido por el Ejecutivo y anticiparon que pedirán la presencia de funcionarios nacionales para explicar los alcances de las medidas.

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Entre los cambios que impulsa la Casa Rosada aparece un endurecimiento del régimen de sanciones para las compañías que participen de proyectos de explotación de recursos naturales en las islas. La intención es que las penalidades también puedan alcanzar a las empresas que brinden servicios o colaboren con esas actividades.

El esquema contempla restricciones para que las compañías involucradas puedan celebrar contratos tanto con el Estado como con empresas privadas dentro de la Argentina. También se prevé la posibilidad de recurrir, cuando corresponda, al mecanismo de juicio en ausencia.

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El anuncio del Gobierno está relacionado especialmente con el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Malvinas y promovido por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.

Desde el oficialismo defendieron la necesidad de impedir que avancen proyectos que, desde la perspectiva argentina, implican la explotación de recursos naturales pertenecientes al país. La senadora libertaria Patricia Bullrich sostuvo que permitir el inicio de la producción petrolera significaría aceptar "el robo de estos recursos naturales" y profundizar la presencia británica en las islas.

Desde la oposición también hubo cuestionamientos, aunque algunos dirigentes destacaron el cambio de postura del Gobierno respecto de la cuestión Malvinas. El diputado peronista Juan Grabois consideró positivo que el Ejecutivo haya endurecido su posición frente a las actividades británicas en el Atlántico Sur.

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En paralelo, la administración de Milei impulsa una serie de medidas vinculadas con la infraestructura y la defensa. Entre ellas se encuentra el fortalecimiento de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, junto con una ampliación de las capacidades de telecomunicaciones.

Para avanzar con ese objetivo, el Congreso deberá analizar un DNU que amplió partidas presupuestarias destinadas al Ministerio de Defensa. El decreto será tratado inicialmente por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, integrada por ocho senadores y ocho diputados.

El oficialismo y sus aliados cuentan con una mayoría de 11 integrantes frente a cinco representantes del peronismo, una composición que podría facilitar el tratamiento del decreto en la comisión y posteriormente en ambas cámaras.

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El paquete de medidas anunciado por el Gobierno se suma a una larga lista de iniciativas legislativas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas. Desde la sanción de la Ley 26.659 en 2011, distintos legisladores presentaron proyectos y pedidos de informes para advertir sobre las operaciones petroleras desarrolladas en la zona.

Uno de los primeros antecedentes fue presentado en 2012 por la entonces diputada Liliana Fadul, quien cuestionó el avance de Rockhopper Exploration sobre el proyecto Sea Lion y planteó que cualquier actividad hidrocarburífera realizada sin autorización argentina constituía una vulneración de los derechos soberanos del país.

En 2017, el exdiputado Guillermo Carmona también reclamó explicaciones al Poder Ejecutivo por las operaciones de empresas británicas en la cuenca norte de las islas. En sus planteos citó resoluciones de Naciones Unidas vinculadas con la disputa de soberanía y cuestionó la explotación unilateral de recursos.

Durante los últimos años se sumaron nuevas iniciativas de legisladores de distintos espacios políticos. Entre ellas figuran proyectos y pedidos de informes presentados entre 2024 y 2026, vinculados con las actividades de empresas británicas en la denominada cuenca Malvinas Norte.

El Senado también tuvo participación en estos reclamos. En 2017, el entonces senador Juan Mario País pidió informes al Gobierno sobre las actividades hidrocarburíferas británicas, mientras que en 2018 Magdalena Odarda solicitó que la Argentina denunciara ante organismos internacionales el proyecto Sea Lion.

Con los nuevos anuncios de Milei, el tema Malvinas volverá ahora al centro de la agenda parlamentaria, en un debate que combinará la cuestión de soberanía con la explotación de recursos naturales, la política energética y el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur.