El Gobierno cuestionó a la jueza que declaró inconstitucional el régimen penal juvenil en un caso de 14 años

Resumen para apurados

El Gobierno nacional salió al cruce del fallo de la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y dispuso su sobreseimiento. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó duramente la resolución y sostuvo que decisiones de ese tipo perjudican a la Justicia y a las víctimas.

"Me parece tremendo. Este tipo de definiciones le hace daño a la Justicia, a las víctimas y atentan contra lo que venimos sosteniendo", afirmó Monteoliva.

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La resolución fue dictada ayer por De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. La magistrada declaró inconstitucional, para ese caso concreto, el artículo 1 de la Ley 27.801, que establece el régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años, y sobreseyó al acusado.

El fallo no suspendió la vigencia de la nueva norma. La propia Justicia porteña aclaró que la decisión se limita al expediente en cuestión.

Monteoliva sostuvo que la nueva legislación surgió como respuesta a una deuda pendiente en materia de responsabilidad penal juvenil y cuestionó que una decisión judicial pueda dejar sin efecto su aplicación en un caso particular. "Estoy en total desacuerdo con esa posición. Se le hace daño a los argentinos, no le hace bien a nadie, no le hace bien a la víctima ni tampoco al mismo perpetrador", afirmó la ministra.

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La funcionaria también destacó el trabajo de jueces y fiscales que, según señaló, acompañan las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno. "Tenemos jueces y fiscales tan valientes, tan valiosos. Trabajamos y avanzamos tanto, que realmente creo que este tipo de definiciones le hacen daño a la Justicia, le hace daño a las víctimas y atentan contra lo que venimos sosteniendo y defendiendo", sostuvo.

Monteoliva planteó además que la respuesta frente a un adolescente acusado de un delito no debería limitarse a su liberación. "Sabemos que la solución no es dejarlo suelto, que siga cometiendo. No es por ahí", afirmó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de recurrir la decisión, la ministra respondió que deberán analizarse las herramientas jurídicas disponibles para modificar este tipo de situaciones.

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El caso se inició luego de que un hombre denunciara un intento de robo en el que habrían participado varios adolescentes. La Fiscalía calificó provisoriamente el hecho como robo simple en grado de tentativa.

La defensa oficial planteó la inconstitucionalidad de la nueva normativa. De Marinis hizo lugar al planteo para este caso y consideró que la aplicación del régimen penal a un adolescente de 14 años implicaba una respuesta regresiva en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.

En su resolución, la magistrada citó las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que en pronunciamientos anteriores recomendó a la Argentina mantener en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal. También sostuvo que la nueva regulación debía analizarse a la luz de los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.

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La jueza consideró además las características concretas del hecho investigado y la situación personal y familiar del adolescente. En lugar de avanzar por la vía penal, ordenó dar intervención a los organismos de protección de derechos de la Ciudad para que se evalúen medidas de acompañamiento.

El fallo generó fuertes críticas de sectores vinculados con la seguridad y la Justicia. La organización Usina de Justicia presentó denuncias contra De Marinis ante el Consejo de la Magistratura porteño y en sede penal, donde planteó cuestionamientos sobre su actuación. Se trata, sin embargo, de presentaciones de esa organización y no de una conclusión judicial sobre la conducta de la magistrada.

Durante la entrevista, la ministra también fue consultada por las diferencias internas dentro del oficialismo y por su participación en la mesa política del Gobierno.

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Monteoliva negó formar parte de ese espacio y afirmó que concentra su actividad en la gestión del Ministerio de Seguridad. "No hago parte de la mesa política", respondió al ser consultada sobre las diferencias entre dirigentes de La Libertad Avanza.

La funcionaria sostuvo que las discusiones y las distintas posiciones forman parte de la dinámica política y consideró que lo importante es preservar los acuerdos sobre los objetivos centrales del Gobierno.

"Las discusiones o las diferencias o las miradas distintas es lógico que ocurran. Lo importante es que lo de fondo, que el objetivo, haya consenso sobre eso", dijo.