El FBI investigará los movimientos financieros de la AFA en los Estados Unidos

Resumen para apurados

Coincidiendo con el despliegue deportivo y mediático de la Selección Argentina en el Mundial 2026, las autoridades judiciales de los Estados Unidos han encendido las alarmas en el plano financiero. Fiscales federales y agentes del FBI han comenzado a tomar las primeras declaraciones testimoniales con el objetivo de analizar las operaciones económicas en el exterior de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pesquisa internacional busca reconstruir la ruta de cientos de millones de dólares que se canalizaron a través del sistema bancario norteamericano, bajo la estricta lupa de reguladores que intentan determinar si las maniobras configuran delitos federales.

El eje de esta investigación preliminar gira en torno a cómo la entidad civil que comanda Claudio "Chiqui" Tapia estructuró el cobro de sus contratos comerciales internacionales. En este intrincado entramado, los investigadores estadounidenses se han topado de forma recurrente con una estructura corporativa específica: TourProdEnter LLC. Esta firma, radicada en Estados Unidos y administrada por el empresario Javier Faroni junto a su esposa Erica Gillette, habría actuado como el agente de percepción estratégico de los millonarios ingresos que el seleccionado nacional genera fuera de las fronteras argentinas.

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Aunque el expediente se encuentra actualmente en una fase exploratoria dentro del Departamento de Justicia, lo que significa que aún no se ha formalizado una imputación penal directa ni una acusación criminal contra la conducción de la AFA, la recopilación de pruebas avanza a paso firme. Una de las primeras acciones de los agentes del FBI consistió en la comparecencia informativa del empresario Guillermo Tofoni, quien prestó declaración formal vía videoconferencia ante funcionarios judiciales asentados en Washington DC y Miami.

De acuerdo con los reportes financieros que originaron la apertura de este canal de inspección, TourProdEnter LLC habría administrado un flujo financiero superior a los U$S260 millones correspondientes a los activos de la entidad deportiva. Estos fondos ingresaron y circularon de forma constante por cuentas alojadas en algunas de las instituciones bancarias más influyentes del planeta, tales como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

Si bien una porción de estos recursos aparece vinculada con gastos operativos y de logística de la delegación albiceleste, existen múltiples movimientos que concentran las mayores dudas de los analistas de fraude, debido a que la documentación disponible no permite explicar con claridad su justificación económica o comercial.

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Los fiscales estadounidenses centran su atención en una serie de transferencias emitidas desde las cuentas de la firma intermediaria hacia sociedades y beneficiarios cuya contraprestación real no aparece respaldada en los registros relevados. Dentro de este sospechoso circuito de dinero, los investigadores detectaron giros dirigidos a firmas relacionadas de forma directa con Pablo Toviggino, actual tesorero y mano derecha de Tapia en la estructura jerárquica de la calle Viamonte, así como a miembros de su entorno familiar y personas allegadas a la comitiva de la Selección. El pleno esclarecimiento de este circuito dictará si el caso queda archivado en una revisión preliminar o si escala formalmente a una causa penal por lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario.

Para liderar esta compleja auditoría, el Departamento de Justicia ha dispuesto un equipo de tres fiscales federales con antecedentes en integridad bancaria y delitos financieros de cuello blanco. Patrick Gushue y Christopher Ting operan desde la capital, Washington DC, mientras que Michael Berger comanda las acciones desde el Distrito Sur de Florida, una jurisdicción clave dado el anclaje societario de las firmas investigadas. La estrategia contempla no solo el cruce de datos bancarios, sino también la posibilidad de citar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que hayan tenido acceso a información sobre la entidad o sus controles institucionales.

El expediente posee un antecedente directo en 2024, cuando el entonces Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, transmitió información sensible a las autoridades estadounidenses tras una reunión formal con Tofoni. En aquel momento, el conflicto legal entre el empresario y Tapia no alcanzó para abrir una causa criminal en Estados Unidos. Sin embargo, el escenario cambió radicalmente en este 2026, luego de que nuevas revelaciones periodísticas expusieran con precisión quirúrgica el entramado societario y las dudosas transferencias realizadas en el estado de Florida.

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Ante el avance del FBI, la cúpula de la AFA ha comenzado a mover sus fichas en territorio norteamericano para contener el impacto de las filtraciones. En un reciente foro sobre transparencia, justicia y deporte celebrado en Miami, participaron Tomás Regalado y el abogado penalista Mariano Lizardo, quienes reclamaron respeto por la presunción de inocencia. El mensaje de la comitiva buscó instalar una defensa institucional temprana: argumentar que una revisión de rutina no equivale a una condena.

No obstante, la toma de testimonios por parte de fiscales federales sitúa el conflicto de la pelota argentina en una dimensión internacional de consecuencias impredecibles, justo en el momento de mayor exposición global para la conducción de Tapia. Los contratos millonarios firmados con marcas de la talla de Adidas y Warner, cuya recaudación pasó por la firma de Faroni bajo un convenio vigente hasta diciembre de este año, seguirán bajo el estricto microscopio penal norteamericano.