
El costo social del ajuste: un informe de ATE expone el vaciamiento de Pettovello en Capital Humano
Tras la visita del papa León XIV, la Junta Interna de Desarrollo Social encabezada por su secretaria general, Ingrid Manfred presentó un relevamiento que expone más de 3.000 despidos, 59 sedes cerradas y una caída salarial del 40,5% en casi tres años de gestión de Javier Milei.
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Nahuel De Lima@NahuelDeLima90
Por: Nahuel De Lima
Cuando el 9 de noviembre de 2026 el papa León XIV afirmó desde el auditorio de la Universidad Católica Argentina que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", sus palabras encontraron un eco inmediato en quienes llevan casi tres años poniendo el cuerpo frente al ajuste. El Pontífice también advirtió que el Estado tiene el deber de ejercer un "poder regulador para el bien común" allí donde las organizaciones intermedias no logran llegar por sí solas. Haciendo suyas esas definiciones y a días de cumplirse el tercer aniversario del gobierno libertario, las y los trabajadores de la Junta Interna de ATE Desarrollo Social -quienes eligen conservar el nombre originario del ministerio desjerarquizado como bandera de identidad y lucha- dieron a conocer el informe La tragedia social de la motosierra durante la plaza social realizada en la Plaza de los Dos Congresos.
La plaza social fue una actividad convocada por todos los consejos profesionales de trabajo social del país, que se reunieron durante dos jornadas para debatir el vaciamiento de las políticas públicas y su impacto en los trabajadores y, especialmente, en el colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales.
El informe La tragedia de la motosierra, dirigido al Sumo Pontífice y a toda la sociedad, denuncia que el equilibrio fiscal se está pagando con la vida y la dignidad de los sectores más vulnerables. Así lo subrayó Ingrid Manfred, secretaria general de ATE Desarrollo Social (Ministerio de Capital Humano), quien destacó el valor político y simbólico de la convocatoria en sintonía con el mensaje del Pontífice: "La venida de León XIV a nuestro país creo que es una invitación a volver a recuperar la perspectiva humana. Por eso creemos fundamental haber sido parte de la plaza social convocada para discutir lo que está sucediendo con el vaciamiento de la política pública y el impacto que está teniendo en las y los trabajadores".
El reclamo parte del desmantelamiento deliberado de la estructura estatal que garantizaba derechos básicos en cada rincón del país. Apenas asumida la actual gestión, el Decreto 8/2023 borró del organigrama al histórico Ministerio de Desarrollo Social y lo degradó a una secretaría: la SENAF dentro de la megaestructura de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Lejos de tratarse de un simple reacomodamiento administrativo, esa decisión desarticuló la mirada integral y federal de la política social. Poco después, en marzo de 2024, el cierre de los 59 Centros de Referencia (CDR) bajo la estigmatización oficial de que eran "aguantaderos militantes" dejó en la calle a unos 600 técnicos, administrativos y profesionales de carrera, cortando el único acceso presencial que miles de vecinos tenían con el Estado nacional.
El costo real de retirar al Estado del territorio quedó expuesto con brutalidad el 7 de marzo de 2025, cuando el temporal que arrasó Bahía Blanca dejó 16 fallecidos, más de 500 evacuados y pérdidas estimadas en 400.000 millones de pesos. Apenas días antes, el 28 de febrero, Capital Humano había disuelto la Dirección Nacional de Emergencias y despedido a sus 485 trabajadores alegando una supuesta "superposición de áreas" que nadie salió a cubrir cuando el agua tapó la ciudad. Mientras la provincia de Buenos Aires desplegaba asistencia logística y sanitaria, la respuesta nacional se redujo a 80 colchones para una ciudad de 300.000 habitantes y a la visita del presidente vestido de militar para confiarles a los propios damnificados la resolución de la tragedia "con los recursos existentes". "Cuando nos enteramos lo de Bahía Blanca queríamos estar ahí", resumió con impotencia una de las trabajadoras sociales cesanteadas, poniendo en palabras la vocación de servicio que el ajuste intentó destruir.
Ese mismo abandono se trasladó a la mesa diaria de los barrios populares. En paralelo al vaciamiento territorial, el gobierno eliminó la entrega física de módulos alimentarios, desfinanció a los comedores comunitarios y cerró programas de soberanía alimentaria como Pro-Huerta y Sembrar Comunidad.
Mientras toneladas de mercadería retenida en depósitos derivaban en denuncias judiciales y acuerdos discrecionales como el convenio con la Fundación CONIN para repartir 465.000 kilos de leche en polvo, que destinó el 48% a Mendoza y apenas el 2% a la provincia de Buenos Aires, se consolidó la lógica del "Estado cajero automático". Así, el acompañamiento comunitario fue reemplazado por transferencias monetarias individuales o tarjetas prepagas con montos vergonzosos: el programa Alimentar Comunidad asigna apenas $383 por persona para un desayuno o merienda y $763 para un almuerzo o cena.
El fracaso de esa política de desamparo ya se refleja en las estadísticas de la propia UCA: agotado el efecto de la desinflación, la pobreza volvió a trepar del 26,9% en el tercer trimestre de 2025 al 34,6% en el segundo trimestre de 2026, mientras la indigencia escaló al 7,5%, alcanzando a 3,61 millones de personas.
Pero la motosierra no golpeó únicamente a quienes esperaban una respuesta del otro lado del mostrador. Hacia adentro del organismo desató una persecución sistemática que hoy suma más de 3.000 trabajadoras y trabajadores expulsados.
En esa línea, Manfred describió el doble frente de ataque que atraviesan desde el desembarco del actual gobierno: "Nosotros venimos transitando desde que llegó la actual gestión el ataque permanente hacia nuestra organización, con el despido de miles de trabajadores, 3.000 compañeros despedidos, pero sumado a eso también la política de persecución. Como se sabe, nuestro organismo sufre hacia adentro el despido, el desguace y la persecución, pero hacia afuera también el abandono de quienes hoy más necesitan el acompañamiento y la ayuda del Estado".
Entre renovaciones trimestrales que derivaron en despidos masivos, la violación del Cupo Laboral Travesti Trans (Ley 27.636), los pases a disponibilidad habilitados por la Ley Bases que en marzo de 2025 golpearon a unos 800 empleados de planta permanente, vulnerando el artículo 14 bis de la Constitución y un régimen extorsivo de "retiros voluntarios" financiado en octubre de 2026 con 300 millones de dólares de deuda externa tomada con el BID, el vaciamiento no dio tregua.
Ni siquiera el examen de idoneidad impuesto por el Ministerio de Desregulación, que fue aprobado por el 97% de los examinados, frenó las cesantías. Todo se ejecutó con una metodología desalmada: notificaciones enviadas por correo electrónico los viernes por la noche o antes de fines de semana largos, puertas bloqueadas incluso para retirar objetos personales, parálisis deliberada de las mesas paritarias de salud y violencia laboral (CyMAT y CIOT) y represión en la calle, como la del 20 de febrero de 2025 frente al despacho de Pettovello, que dejó estatales heridos con balas de goma y lesiones oculares.
Semejante hostigamiento derivó en lo que el informe define como una "implosión silenciosa": cuerpos y psiquis que colapsan en oficinas vaciadas de sentido. La secretaria general de ATE Desarrollo Social profundizó en ese concepto al advertir que enfrentan "un modelo, un sistema que busca destruir, implosionar las vidas de nuestros compañeros y compañeras, y las vidas en los territorios de los ciudadanos y ciudadanas que necesitan el acompañamiento del Estado".
El documento recoge casos con nombre y apellido que exponen la crueldad del modelo: una compañera joven, madre soltera con un hijo a cargo que sufrió un ACV fulminante frente a la computadora al abrir el mail de su despido y falleció días después; dos trabajadoras a quienes les detectaron cáncer en medio de una profunda angustia tras ser cesanteadas y murieron a los pocos meses; un compañero que falleció de un infarto súbito estando solo en su casa.
Las estadísticas gremiales confirman que no se trata de hechos aislados: más del 91% de las y los trabajadores percibió un aumento de la violencia en sus lugares de trabajo, el 77% sufre estrés, el 68% angustia y más del 38% debió recurrir a medicación para poder sobrellevar la situación. Ante los brotes psicóticos, ataques de pánico y descompensaciones cotidianas, fueron las propias delegadas y delegados quienes asumieron la contención humana y sanitaria frente a autoridades que se desentendieron de toda responsabilidad.
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