El Colegio Público de la Abogacía sancionó al abogado del "Gordo Dan" por insultar a los jueces de la Corte Suprema

Medidas disciplinarias en el ámbito profesional

Alejandro Sarubbi Benítez fue sancionado tras la publicación de violentos agravios en redes sociales contra los miembros del máximo tribunal

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal aplicó una sanción disciplinaria contra el abogado Alejandro Sarubbi Benítez —reconocido públicamente por representar al militante oficialista conocido como "Gordo Dan"— a raíz de una serie de publicaciones injuriosas vertidas en redes sociales contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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La presentación judicial y ética que derivó en el castigo institucional expuso un compendio de descalificaciones públicas en las que el letrado tildó a los magistrados del máximo tribunal de "enfermos hijos de mil puta", entre otros insultos descalificatorios. Adicionalmente, el expediente disciplinario incorporó denuncias por la divulgación no autorizada de datos personales de la parte denunciante, así como la utilización recurrente de expresiones catalogadas como misóginas y discriminatorias dentro del entorno digital.

La situación procesal de Sarubbi Benítez registra además un segundo antecedente administrativo reciente: la imposición de una multa pecuniaria ascendente a 1 millón de pesos en el marco de otro proceso disciplinario paralelo. Sin embargo, debido a que la defensa del profesional interpuso recursos de apelación en ambos expedientes, las medidas punitivas se mantendrán suspendidas de forma provisional hasta tanto la Justicia ordene una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.

Tras tomar conocimiento de las resoluciones adoptadas por el tribunal de ética institucional, Sarubbi Benítez emitió un duro descargo público en el que rechazó el accionar del organismo regulador de la matrícula y defendió sus intervenciones mediáticas bajo el amparo de la libertad de expresión.

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"El problema surge cuando se pretende perseguir al otro por sus opiniones, tal y como ocurre en este caso. De cualquier modo voy a seguir opinando sobre lo que me dé la gana por el solo hecho de que así se me antoja. Es mi derecho como ciudadano, nada pueden hacer para evitarlo y mucho menos tengo que dar explicaciones", sostuvo el letrado.

El conflicto se suma a una serie de cruces entre figuras vinculadas a la comunicación digital y las instituciones del Poder Judicial. Mientras el Colegio de la Abogacía busca sentar un precedente sobre los límites del decoro profesional exigido a los matriculados en plataformas públicas, la revisión del caso quedará en manos de los tribunales competentes para determinar si las expresiones vertidas constituyen una falta de ética punible o si se encuentran resguardadas como derecho de opinión.