El Colegio Médico sumó su denuncia

El diputado del MID, Javier Galán, fue denunciado por el Colegio Médico de Catamarca por la iniciativa del "Banco de Medicamentos", la propuesta que el legislador lanzó para acercar medicina a quienes no pueden pagar por ella. La investigación es llevada adelante por el fiscal penal nº3, Jorge Palacios. La noticia fue comunicada por el propio Galán, quien compartió la nota de estilo girada por el fiscal a la Cámara de Diputados para conocer la situación del legislador.

"Como siempre, voy a respetar el funcionamiento de la Justicia y ejerceré mi derecho de defensa por las vías correspondientes. No tengo nada que ocultar. Actuaré con total transparencia y dentro del marco de la ley", dijo.

"No tengo nada que ocultar. Actuaré con total transparencia y dentro del marco de la ley. Nada de esto cambia la realidad de miles de catamarqueños que todos los días tienen dificultades para acceder a los medicamentos que necesitan. Esa realidad existía antes de esta denuncia y seguirá existiendo mientras no encontremos soluciones de fondo", remarcó el diputado.

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En diálogo con Mañana Central, por Ancasti Streaming, el presidente del Colegio Médico de Catamarca, Mauricio Figueroa, exigió que Galán de marcha atrás con la propuesta. "Esto tiene que desafectarse indefectiblemente porque hay riesgo para la salud pública. No es negociable", remarcó. "Hemos tratado de comunicarnos con el legislador, hemos cursado un par de notas porque tenemos carriles institucionales formales y serios, pero ha sido infructuosa la comunicación", lamentó.

El médico enfatizó en la falta de garantías sanitarias y la pérdida de la cadena de control de los fármacos distribuidos, y fue tajante al señalar que "el medicamento no es un bien de consumo". "El medicamento es una intervención terapéutica. Tiene indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos e interacciones", y advirtió que el acopio de donaciones vecinales "desprotege a los sectores más vulnerables de la población y vulnera leyes nacionales y provinciales vigentes, como la Ley 5.410 que regula de forma estricta la prescripción de psicofármacos mediante formularios por triplicado". "El haber una población vulnerable que no tiene acceso a la medicación no justifica disminuir estándares de seguridad. Las personas sin obra social no necesitan menos controles, necesitan en todo caso mayor protección del Estado", argumentó Figueroa. n