El acceso al aborto legal se mantuvo durante 2025 pese al recorte de fondos nacionales
Un informe de Proyecto Mirar, CEDES e Ibis Reproductive Health registró 87.603 abortos en el sector público de 20 provincias durante 2025. El estudio destaca el rol de las provincias ante la reducción de recursos nacionales
Salud y derechos
Un informe de Proyecto Mirar, CEDES e Ibis Reproductive Health registró 87.603 abortos en el sector público de 20 provincias durante 2025. El estudio destaca el rol de las provincias ante la reducción de recursos nacionales.
A más de cinco años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE), el acceso al aborto legal en Argentina logró sostenerse durante 2025 y los primeros meses de 2026, pese a la reducción de recursos destinados desde el Estado nacional.
Así lo señala el nuevo informe anual del colectivo Proyecto Mirar, titulado "El reto de sostener el aborto legal en Argentina", elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la organización Ibis Reproductive Health.
Según el relevamiento, realizado a partir de pedidos de acceso a la información pública, durante 2025 se realizaron 87.603 abortos en el sector público de 20 provincias. La cifra no presenta variaciones significativas respecto de la medición anterior.
La tasa de aborto, calculada sobre la cantidad de intervenciones por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, también se mantuvo estable: fue de 7,45 en 2025, frente a 7,49 en 2023.
La mayor cantidad de intervenciones se registró en la provincia de Buenos Aires, con 41.446 casos; Córdoba, con 9.341; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 9.458. En conjunto, estas tres jurisdicciones concentraron el 72% de las intervenciones informadas.
Uno de los principales puntos del informe es el impacto de la reducción de recursos nacionales. Entre 2023 y 2026, el presupuesto del Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación tuvo una reducción del 57%.
El informe señala que la disminución en la compra de anticonceptivos redujo la cobertura de la población objetivo de más de 1,2 millones de personas en 2024 a unas 63.000 estimadas para 2026.
Además, ante la discontinuidad de la compra centralizada de medicamentos como mifepristona y misoprostol, 13 provincias asumieron la adquisición de estos insumos con fondos propios. Se trata de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del CEDES y del CONICET, destacó que la cantidad de interrupciones realizadas durante 2025 se mantuvo similar a la del año anterior y señaló que el acceso continúa siendo sostenido por las provincias.
El informe también señala que la inversión en anticoncepción tiene impacto económico. Según sus estimaciones, cada peso destinado a este fin genera un ahorro directo de tres pesos en atención médica y un retorno de hasta 20 veces el monto invertido si se contemplan variables socioeducativas y laborales.
La red pública cuenta actualmente con 1.846 efectores de salud que garantizan atención de IVE/ILE, una cifra similar a la registrada en 2023, cuando había 1.862 establecimientos.
El 70% de estos centros corresponde al primer nivel de atención. De acuerdo con el informe, el 90% de los abortos se realiza dentro de las primeras 12 semanas de gestación y la mayoría de los procedimientos se lleva adelante mediante tratamiento farmacológico.
Además, Mendoza, Neuquén, Jujuy, San Luis y recientemente la provincia de Buenos Aires habilitaron la prescripción de misoprostol y mifepristona por parte de profesionales de la obstetricia, una medida que apunta a fortalecer la atención en zonas rurales y semiurbanas.
En el ámbito judicial, el informe señala que desde 2020 se presentaron 38 causas contra la Ley 27.610. De ese total, 35 fueron rechazadas definitivamente y tres continúan en trámite ante la Corte Suprema de Justicia.
También se presentaron 75 proyectos normativos vinculados con la legislación, aunque ninguna iniciativa destinada a limitar la norma logró avanzar hasta obtener dictamen o tratamiento en los recintos provinciales o nacionales.
En relación con los indicadores de salud, el informe señala que la razón general de mortalidad materna aumentó un 37% en 2024 respecto de 2023. Sin embargo, las muertes específicas por aborto se redujeron a la mitad en el período posterior a la sanción de la Ley 27.610 en comparación con el trienio previo.
Por otra parte, el reporte destaca una caída histórica de la fecundidad durante la última década. La reducción alcanzó el 69% entre niñas de 10 a 14 años y el 70% entre adolescentes de 15 a 19 años.
El informe concluye que el principal desafío para los próximos años será sostener la política pública de acceso al aborto legal frente a la reducción de recursos nacionales y el mayor esfuerzo asumido por las provincias.
