Donald Trump aprueba un acuerdo de energía nuclear de 30 años con Arabia Saudita

Donald Trump autorizó de manera formal un histórico acuerdo con Arabia Saudita que proveerá al reino de un programa de desarrollo nuclear civil. La decisión de la administración abre la posibilidad de iniciar el proceso de enriquecimiento de uranio dentro de las fronteras saudíes, marcando un giro importante en la política de transferencia tecnológica en el plano internacional.

Esta alianza comercial, estructurada para regir el mercado de infraestructura de generación durante los próximos decenios, generará un volumen de negocios estimado en decenas de miles de millones de dólares. El diseño del tratado busca garantizar que las corporaciones estadounidenses asuman un rol monopólico en la construcción del parque atómico, limitando la penetración de competidores extranjeros de origen ruso y chino.

EE. UU. y el reino asiático pactaron que, si los estudios de viabilidad comercial arrojan resultados positivos, las corporaciones norteamericanas construirán plantas de procesamiento de combustible atómico directamente en suelo saudí.

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Esa cláusula permitiría a Washington retener un grado de control operativo directo sobre el programa nuclear civil, disipando las alarmas de un eventual desvío de material radiactivo para la manufactura de arsenales de combate.

Aunque la propuesta se someterá al escrutinio del Congreso estadounidense en las próximas jornadas, el debate legislativo anticipa fuertes divisiones políticas debido al recelo de varios congresistas de transferir tecnología atómica sensible a una zona con recurrentes tensiones bélicas.

Para la mayoría de los opositores al pacto, el bloqueo legislativo representará un desafío cuesta arriba en el Capitolio. Anular la vigencia del acuerdo requiere la aprobación de una resolución conjunta por mayoría especial que logre neutralizar un eventual veto del poder ejecutivo.

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Donald Trump dio luz verde al tratado al cierre de la semana anterior, y se prevé que la firma oficial del documento ocurra el miércoles por parte de Chris Wright y el príncipe Abdulaziz bin Salman, quienes avanzaron en los términos de la negociación durante una reunión diplomática en el mes de abril de 2025.

Robert Einhorn analizó la dimensión geopolítica de este movimiento señalando que:

«El acuerdo podría ayudar a revitalizar la industria nuclear estadounidense, fortalecer los lazos entre EE. UU. y Arabia Saudita, y negarle a Rusia y China un papel estratégicamente importante en el programa nuclear saudí»

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Sin embargo, el analista advirtió que la ausencia de mecanismos de control rigurosos sobre las instalaciones de procesamiento de uranio representa un peligro latente, añadiendo que:

«Pero a menos que contenga restricciones adecuadas, incluso sobre el enriquecimiento, podría aumentar los riesgos de proliferación nuclear en Medio Oriente y más allá»

Desde la perspectiva de la administración saudí, el desarrollo de un parque atómico es indispensable para satisfacer la demanda de electricidad doméstica utilizando depósitos locales de uranio. Esta transición liberará mayores volúmenes de su producción diaria de petróleo para el mercado de exportación, incrementando los ingresos de la tesorería estatal.

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Si bien el reino asegura que sus intenciones responden exclusivamente a propósitos de diversificación civil, el príncipe heredero Mohammed bin Salman declaró públicamente en 2018 que si Irán concreta la construcción de un arsenal nuclear, su país no dudará en seguir el mismo camino.

Westinghouse Electric se posiciona como una de las principales beneficiarias del acuerdo gracias a la tecnología de su reactor AP1000. Este modelo de generación produce aproximadamente 1.100 megavatios de energía eléctrica, volumen suficiente para abastecer de forma continua a una ciudad mediana o a un moderno centro de datos de inteligencia artificial.

Durante el análisis del pacto, la prioridad de los inspectores de control de armamento se centrará en verificar si los esquemas de protección son suficientes para impedir que la tecnología civil sea desviada para fines bélicos.

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Bajo las directrices del contrato, las plantas nucleares de potencia serán provistas por corporaciones estadounidenses, limitando a los proveedores extranjeros a una participación secundaria en el ensamble de las turbinas y sistemas auxiliares de control.

EE. UU. y los funcionarios de la administración saudí también llevarán a cabo un estudio de dos años para examinar la viabilidad comercial de enriquecer uranio localmente en lugar de depender enteramente de la importación de barras de combustible nuclear desde el exterior.

Si la investigación conjunta de viabilidad determina que el procesamiento en suelo saudí es conveniente, los ingenieros estadounidenses construirán las instalaciones bajo un esquema de «caja negra» que impide la transferencia de planos o tecnología confidencial de centrifugado a las autoridades de Riad.

Esas medidas operativas pretenden asegurar que el uranio enriquecido permanezca bajo estricto monitoreo técnico y que las barras de combustible gastado de los reactores no sean reprocesadas para la extracción de plutonio apto para armamento. Si el departamento de energía norteamericano rechaza proceder con la planta tras el estudio preliminar, el reino tendrá prohibido buscar otros socios internacionales por un plazo de diez años.

En contraposición a la postura de la Casa Blanca, los sectores críticos sostienen que la dotación de capacidades de enriquecimiento de uranio y reprocesamiento a Riad detonará una carrera armamentista atómica regional. A diferencia de los Emiratos Árabes Unidos, el reino se negó a firmar el «estándar de oro» de no proliferación que veta de por vida el enriquecimiento soberano.

Henry Sokolski advirtió sobre el efecto dominó que este pacto podría desatar en la región declarando que:

«Adonde vaya Arabia Saudita, irán los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Egipto. La idea de que esto tendrá un final feliz es delirante»

Ese rechazo de Riad también se extendió al Protocolo Adicional de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el cual faculta a los inspectores a realizar visitas de auditoría e inspección sin previo aviso en instalaciones sospechosas. El equipo de Trump sostiene que las salvaguardas negociadas por vía bilateral proveerán de suficiente control sobre los reactores estadounidenses, pero los analistas dudan de la efectividad del monitoreo sobre actividades de enriquecimiento clandestinas que no involucren infraestructura norteamericana.

A nivel diplomático, la aprobación de la venta tecnológica marca una ruptura frente a la estrategia de la administración de Joe Biden, que condicionaba el inicio de la cooperación nuclear a la normalización de relaciones diplomáticas con Israel, un proceso que descarriló tras los ataques de Hamás de octubre de 2023 y el subsecuente conflicto bélico en Gaza. Aunque el actual mandatario presiona para que Riad se adhiera a los Acuerdos de Abraham, la Casa Blanca decidió desvincular el tratado comercial de las exigencias de reconocimiento diplomático al gobierno israelí.

Mientras la Casa Blanca mantiene la presión económica y militar sobre Irán para obligarlo a entregar sus reservas de uranio enriquecido, la firma del pacto civil con su contraparte saudí expone una aparente contradicción de prioridades geopolíticas. Los funcionarios norteamericanos descartan cualquier incoherencia operativa, argumentando que el programa civil del reino operará bajo las garantías técnicas del departamento de energía.

Chris Wright defendió la seguridad del pacto asegurando en una declaración escrita que:

«Tengan la seguridad de que estos acuerdos mantienen los más altos estándares de seguridad nuclear y no proliferación, al tiempo que se apoyan en la mejor tecnología y científicos nucleares del mundo, diseñados aquí mismo en los Estados Unidos. Gracias al presidente Trump, el renacimiento nuclear estadounidense está en marcha y generará beneficios a largo plazo para el pueblo estadounidense y el saudí»

Históricamente, los legisladores de ambas bancadas políticas han rechazado de forma sistemática facilitar el acceso al combustible atómico en Medio Oriente. A pesar del descontento en el Capitolio, las probabilidades de detener el tratado comercial lucen reducidas ante la falta de una coalición legislativa sólida.

Marco Rubio impulsó en ese entonces un proyecto de ley para exigir que el congreso tuviera la facultad de aprobar explícitamente cualquier tratado de cooperación atómica con Riad, pero la propuesta del ahora secretario de Estado de la administración de Trump nunca llegó a votarse en el pleno, despejando el camino para la entrada en vigor del actual pacto civil.

Se trata de un tratado de cooperación a 30 años que autoriza el desarrollo de un programa nuclear civil y abre la posibilidad de enriquecer uranio dentro de las fronteras saudíes. El diseño del pacto asegura un rol exclusivo para la construcción de plantas por parte de firmas estadounidenses, bloqueando la penetración comercial de Rusia y China.

Westinghouse Electric proveerá la tecnología de generación mediante reactores AP1000 con una capacidad nominal de 1.100 megavatios de electricidad. Adicionalmente, el procesamiento local de uranio estará condicionado a un estudio de viabilidad de dos años y se ejecutará bajo un formato de «caja negra» controlado por ingenieros norteamericanos para salvaguardar la tecnología confidencial.

Analistas advierten que la transferencia atómica puede detonar una carrera armamentista en Medio Oriente, dado que Riad se negó a firmar el estándar que prohíbe de por vida el enriquecimiento soberano. Además, el reino rechazó el Protocolo Adicional de la AIEA, limitando las auditorías de inspección sin previo aviso en sus instalaciones de procesamiento.