Docente denuncia discriminación en la titularización masiva

Ejerce la profesión hace 18 años

Aseguran que los educadores no agremiados enfrentan trabas administrativas e incertidumbre.

Con más de 18 años de labor ininterrumpida en las aulas, la docente Corina Díaz hizo público un contundente reclamo sobre el proceso de titularización masiva dispuesto por el Gobierno provincial mediante el Decreto 336. Según la educadora, las autoridades están dando prioridad a las gestiones colectivas realizadas por gremios sindicales, dejando desprotegidos y en la incertidumbre a los profesionales que no están afiliados.

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Díaz, quien padece epilepsia como consecuencia de un meningioma, relató a El Esquiú Play el calvario administrativo que vive desde el pasado 21 de abril, fecha en la que presentó la documentación requerida en tiempo y forma: "Son 18 años y 4 meses ininterrumpidos en la docencia, trabajando. Soy de las docentes que no falta, tengo una condición que es epilepsia (...). Presenté mi documentación el 21 de abril, en tiempo y forma"», señaló la docente.

La controversia se profundiza tras la difusión de mensajes promocionales por parte de sindicatos, bajo lemas como "Nosotros gestionamos, vos titularizás". Para la profesora, esta modalidad evidencia un manejo desigual de los trámites públicos en perjuicio de quienes ejercen el derecho constitucional de no estar agremiados. "¿Desde cuándo el Ministerio o cualquier organismo público trabaja como si fuera una empresa privada? Ante la Constitución Argentina tenemos el mismo derecho de estar agremiados o no agremiados", cuestionó Díaz y agregó: "Ellos mismos dicen 'menos burocracia'. Nos están mandando un mensaje de 'afiliate o esperá'. El logro de la titularización no es de un gremio, es de todos los docentes".

Inconvenientes de salud

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El constante peregrinaje por las oficinas de Recursos Humanos en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE) derivó en un grave incidente el pasado 8 de septiembre. Tras sufrir destratos y demoras en el sellado y número de expediente de sus notas, la docente sufrió una crisis convulsiva clónico-tónica, motivo por el que debió ser auxiliada por el SAME y derivada al Hospital San Juan Bautista. "Mi salud está en juego. No vengo a atacar a un obrero que cumple órdenes, pero sí responsabilizo al destrato y a la burocracia", afirmó y aseguró: "Mi salud va acompañada de una estabilidad laboral, porque si no tengo para pagar un médico o la medicación, ¿cómo me atienden? Tengo epilepsia, pero es una condición, no estoy excluida de trabajar ni de defender mis derechos".

A las autoridades

Por último, la profesora solicitó la intervención urgente del gobernador Raúl Jalil y de las autoridades de Educación, pidiendo además que se resguarden las grabaciones de las cámaras de seguridad del Pabellón 20 como constancia de lo acontecido: "Al Gobernador le pido que velen por la integridad de las personas. No es justo que tengamos que pasar por trámites burocráticos que pongan en riesgo la vida. Solo pido que se respete la Constitución, la Ley de Epilepsia y el derecho a trabajar con dignidad", concluyó.