Diputada de LLA propone ponerle un techo presupuestario a los gastos del Gobierno

Desde la bancada de La Libertad Avanza (LLA) presentaron un proyecto de ley con el cual apuntan a imponerle al Gobierno un techo a los gastos. La iniciativa, impulsada por Ana Lía Aguaisol (con el acompañamiento de Carlos Aibar Quintar), replica el concepto de austeridad del espacio violeta a nivel nacional: "Ningún gobierno tiene derecho moral a gastar irresponsablemente dinero que no produjo y cuya carga terminarán soportando otros".

El corazón de la propuesta radica en el artículo 3.°, donde se establece que el presupuesto general no podrá prever un incremento del gasto que supere al menor de dos parámetros fijos: la inflación o el aumento de la recaudación de impuestos locales, en ambos casos correspondientes al año anterior. Con esta fórmula, el Ejecutivo deberá estructurar sus partidas anuales con base en la foto del año vencido.

Otro de los puntos del proyecto es la delimitación de los fondos que se toman en cuenta para fijar ese límite. La propuesta deja fuera del cálculo a los ingresos que llegan por coparticipación federal, las transferencias nacionales extraordinarias y las regalías mineras. Con esto, los legisladores opositores buscan que el funcionamiento diario del Estado no pueda expandirse al calor de los ciclos de la minería o de los giros que envía la Nación, sino únicamente en la medida en que crezca la recaudación de los impuestos propios.

Para asegurar el cumplimiento de la norma y evitar que quede en una mera declaración de intenciones, el texto dota a la Legislatura de la facultad de rechazar el presupuesto si este incumple los techos previstos, otorgando un plazo de 30 días al Ejecutivo para corregirlo. Asimismo, determina que cualquier ampliación presupuestaria posterior que pretenda superar los límites requerirá de una mayoría especial de dos tercios de los votos en el recinto.

El proyecto también avanza sobre la responsabilidad de la planta política al establecer que el Gobernador, el ministro de Hacienda y las autoridades que autoricen erogaciones en violación a la propuesta legislativa serán responsables civil y patrimonialmente por los daños ocasionados. Eso sí, el proyecto prevé que la rigidez del techo fiscal solo podrá suspenderse ante situaciones de extrema gravedad, tales como emergencias económicas, sanitarias o sociales, declaradas por ley.