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Detenido por amenazas a fiscal purgó más de 10 años de prisión
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Detenido por amenazas a fiscal purgó más de 10 años de prisión

EA
El Ancasti
jueves, 01 de octubre de 2026 · 09:05 a. m. hs · 3 min
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Conocido como "Porteño", estuvo alojado en el penal de Marcos Paz. En la Capital, otro fiscal fue amenazado.

Conocido como "Porteño", estuvo alojado en el penal de Marcos Paz. En la Capital, otro fiscal fue amenazado.

Juan Pablo Velázquez (37), que purgó más de 10 años de condena en el penal de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, fue detenido el lunes por amenazar a un efectivo policial y al fiscal de Instrucción de Andalgalá, Martín Camps.

Velázquez, alias "Porteño", es oriundo del partido bonaerense de Vicente López y está radicado en la ciudad de Andalgalá.

Actualmente es investigado por violencia de género y amenazó al fiscal cuando se le informó que éste le había prorrogado las medidas de prohibición de contacto y acercamiento hacia la denunciante.

Según la información a la que pudo acceder El Ancasti, cuando aún estaba en Buenos Aires, en el año 2009 el Tribunal en lo Criminal N°6 de San Isidro lo condenó a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso por portación ilegal de arma de guerra atenuada. También se le impuso una inhabilitación especial por cuatro años y ocho meses para ser usuario de armas de fuego.

En marzo de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 22 de la Capital Federal lo condenó a ocho años y seis meses de prisión por varios hechos de robo agravado por uso de arma de fuego, resistencia a la autoridad, abuso de arma y portación ilegítima de arma de guerra.

Fue declarado reincidente, se le revocó la condicionalidad de la condena del año 2009 y la condena unificada quedó en 10 años y seis meses de prisión efectivas, más la inhabilitación especial para ser usuario de arma de fuego por cuatro años y ocho meses.

El "Porteño" purgó sentencia en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz y en febrero de 2020 recuperó la libertad.

"Ya te vi bien la cara, ya me cagué a tiros con la yuta varias veces. Ya te voy a agarrar. El fiscal y vos me están haciendo causa. Cuando salga, porque siempre salgo, los voy a agarrar", habría manifestado Velázquez cuando efectivos de la Comisaría de Andalgalá, lo arrestaban y allanaban su casa, de Barrio San Martín. Fuentes oficiales informaron que durante el procedimiento se le secuestró un teléfono celular Samsung A06, que será peritado en las próximas horas.

En las últimas horas el Ministerio Público Fiscal (MPF) repudió las amenazas recibidas por los fiscales de Instrucción Camps y Luis Eduardo Córdoba Andreatta, de la Primera Circunscripción Judicial, "con motivo de decisiones adoptadas en causas a su cargo".

A través de un comunicado, se informó que en ambos casos los fiscales dispusieron medidas para proteger a las víctimas.

"Intimidar a quien adopta una medida de protección es, antes que una ofensa a un funcionario, un intento de dejar sin efecto el resguardo de la persona protegida". Advirtieron además que el MPF "garantiza que esas medidas continúan vigentes y que su cumplimiento es controlado. La Procuración General y la Fiscalía General respaldan a los fiscales Camps y Córdoba Andreatta y a sus equipos de trabajo y acompañarán de manera directa el desarrollo de su tarea".

Paralelamente, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca expresó su "profunda preocupación y su más enérgico repudio ante las amenazas e intimidaciones" recibidas por los fiscales Camps y Córdoba Andreatta, "con motivo de decisiones adoptadas en el marco de causas que se encuentran bajo su responsabilidad".

"Los hechos denunciados constituyen situaciones de especial gravedad. Cualquier forma de amenaza, presión o intimidación dirigida contra quienes ejercen funciones jurisdiccionales o de investigación penal afecta no sólo a los funcionarios involucrados, sino también al normal funcionamiento de la Justicia y a la independencia con la que deben desarrollarse sus tareas", agregaron desde la institución.

Remarcaron además que las decisiones adoptadas por magistrados y funcionarios del MPF podrán ser cuestionadas, cuando corresponda, por las vías institucionales y procesales previstas por la ley.

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Leer la nota original en El Ancasti
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