
Demagogia punitiva
Ley. La baja de la edad de imputabilidad a 14 años obliga a crear una estructura a cargo de las provincias.
El tratamiento de la adecuación del sistema provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil termina mostrando el alto componente demagógico que tuvo la ley impulsada por el Gobierno nacional, que bajó a 14 años la edad de imputabilidad.
"El que las hace, las paga", dice el lema acuñado por Patricia Bullrich que algunos legisladores repitieron en el debate que se desarrolló en la Cámara de Diputados esta semana. La implacable consigna pende ya adolescentes de entre 14 y 18 años, que quedaron a tiro de procesos penales. Lo que no se sabe es cómo se pagarán los equipos multidisciplinarios, cargos e instalaciones edilicias necesarios para que el promocionado Régimen funcione como corresponde.
Son costos que debe solventar la Provincia. El movimiento es clásico. La Nación libertaria se dio el gusto de sancionar una ley para satisfacer las demandas de seguridad de su público y alimentar la grieta contra el "garantismo", pero dejó librado el financiamiento para su aplicación a las disponibilidades de las provincias. Lo dicho: demagogia punitiva, gratuita, sobre el cuero de rateros y carnes de cañón del narco, para tranquilidad de buenas conciencias que no suelen afligirse por las eficaces gambetas con que poderosos de toda laya consiguen eludir a la Justicia.
Episodios como el de la Tragedia de la Alcaidía marcan el peligro de no contar con instituciones idóneas para lidiar con menores en conflicto con la ley penal. Es indicativo que los promotores del Régimen Penal Juvenil se hayan desentendido de financiar los aspectos más humanitarios de la iniciativa.
Para la Provincia es un problema, porque la ley debe cumplirse. Los diputados no se complicaron con una estimación de los gastos que demandará la nueva estructura. El proyecto que pasará al Senado crea cargos, equipos e institutos de alojamiento que deberán pagarse con reasignaciones de partidas del Poder Judicial.
Los costos de la estructura para la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil quedaron a cargo de las provincias Los costos de la estructura para la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil quedaron a cargo de las provincias
Deberían conformarse, por ejemplo, dos equipos interdisciplinarios nuevos, uno en el Poder Judicial y otro en el Ministerio de Desarrollo Social, con psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos y especialistas en adicciones, entre otros profesionales. La norma mantiene en los papeles dos fiscalías y dos defensorías especiales creadas por la Ley 5544, aunque hoy solo hay una de cada una.
El proyecto también asigna funciones a un juez de ejecución penal juvenil y fija un esquema provisorio "hasta tanto se concurse y cubra el cargo".
Los adolescentes detenidos deben ser trasladados a un centro especializado. En Catamarca hay solo uno, el Santa Rosa, en la Capital. Donde no exista un centro, los reos no podrán permanecer alojados en calabozos de comisaría junto a adultos. Los procesados deben estar separados de los condenados y cada centro tiene que contar con biblioteca, educación primaria y secundaria y atención médica, odontológica y de salud mental.
Si un joven no puede cumplir una sanción por razones económicas, Desarrollo Social deberá cubrir traslados y manutención y Educación, colaborar con los costos de su escolarización.
Cómo se pagará todo esto es incierto. El proyecto faculta a la Corte de Justicia a efectuar previsiones presupuestarias "con carácter prioritario e inmediato", sin esperar al ejercicio del año que viene, y a pedir al Ejecutivo y a la Legislatura partidas extraordinarias "cuando las previsiones ordinarias resultaren insuficientes".
"El proyecto en sí no está cuantificado, no sabemos cuál va a ser el costo concretamente y cómo lo vamos a financiar", advirtió el diputado radical "peluca" Mamerto Acuña, ex ministro de Economía.
Remarcó además que la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a reajustar y reasignar "con carácter prioritario" partidas del Poder Judicial, cosa que es inconstitucional.
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