"Defensa de la Soberanía Nacional": el Gobierno recogió las presiones de EEUU y limita sanciones por Malvinas

Después de dos semanas de parálisis e idas y vueltas, que incluyó el reclamo estadounidense y una serie de reuniones entre el Ejecutivo y diputados aliados, el oficialismo alcanzó el dictamen en su proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que establece mayores sanciones para las actividades extractivas realizadas en aguas argentinas en las inmediaciones de las islas Malvinas y avances sobre seguridad interior.

El Gobierno busca llevar la ley a sesión el 12 de noviembre.

Para terminar de alcanzar la mayoría, La Libertad Avanza cedió en algunos cambios: se delimitaron que las sanciones a extranjeros ocurrirán en los espacios circundantes a Malvinas -y ya no en todos los "espacios marítimos e insulares"-; se circunscribió a a la "provisión de bienes o servicios esenciales" y ya no a todas "operaciones económicas"; se eximió de las condenas a tenencias minoritarias de hasta 2%; se redujeron las condenas de prisión establecidas en un primer momento, conservando las máximas penalidades a aquellos vinculados a hidrocarburos.

Una de las insistentes solicitudes de aliados fue una mayor participación parlamentaria y por ello se estipuló la creación de una Comisión Bicameral, compuesto por cuatro diputados y cuatro senadores, a la que se le deben comunicar las medidas tomadas en 48 horas.

También se estableció la restricción expresa de la intervención del Consejo de Seguridad Nacional en motivos internos, pero puede elaborar la política de Seguridad Nacional.

Se removerían las referencias a las "campañas de desinformación masiva" y, en un futuro, la "campaña de injerencia extranjera", dado el posible impacto en medios de comunicación y las ONGs.

En el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, el oficialismo alcanzó el dictamen con 60 firmas y el apoyo del PRO, la UCR, provincialistas de Argentina Federal y la mitad de bloque de Provincias Unidas (Núñez, Capozzi, Farías), que presentó otros dos proyectos separados.

Desde la conducción libertaria resaltaron la formulación de la ley y las negociaciones con el caputismo a la diputada Silvana Giudici, cuyo texto final terminó de tomar forma en la noche del lunes.

"Cuando hay internas en La Libertad Avanza, aparecen las presiones sobre nosotros", reconoció una de las aliadas firmantes al proyecto.

Al igual que el FIT, el peronismo también lanzó su redacción, que se concentró en las sanciones a las actividades económicas y pide continuar con la política de reclamo en los organismo multilaterales.

"Podríamos estar aprobando el proyecto por unanimidad, pero un capricho de un pendejo genera estas cosas: para que le vaya a vender a no sé qué amigo a los EEUU le genera un problema al Congreso argentino", criticó Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria.

"Defensa de la Soberanía Nacional": puntos principales Entre sus propuestas, el proyecto de "Defensa de Soberanía Nacional" establece: Multas económicas severas sujetas al precio del barril del petróleo, inhabilitaciones de 5 a 20 años y penas de prisión de hasta 20 años para quienes exploren o exploten hidrocarburos y recursos naturales sin autorización argentina en el territorio soberano.

Hay excepciones para participaciones accionarias de hasta 2% y motivos de inversión pasivos.

Condenas de hasta 12 años de prisión para personas a las que se vinculen con organizaciones o Estados extranjeros en situaciones de "actos de violencia" o "campañas de injerencia".

Creación del Consejo de Seguridad Nacional con una estructura permanente encabezada por el Presidente.

Está compuesto únicamente por integrantes del Poder Ejecutivo y los avala para establecer sanciones y elaborar la política de Seguridad Nacional.

Se reglamenta legalmente el vigente Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento (RePET), que puede incluir personas cuando existan "motivos razonables para sospechar", con la UIF como órgano rector.

Prohibe que asesores extranjeros participen de campañas electorales.

Se creará una Comisión Bicameral de Seguimiento con 4 diputados y 4 senadores.

El Presidente de la Nación (o el ministro de Defensa y el prefecto nacional naval) pueden autorizar a inutilizar buques que se consideren peligrosos.

Requieren conformidad previa o revisión del Consejo las inversiones de un Estado extranjero o de empresas que controle en defensa, telecomunicaciones, espacio, energía, hidrocarburos, minería o infraestructuras críticas.

Proyecto completo de "Defensa de la Soberanía Nacional"